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Los alimentos no llevan implícitos riesgos para la salud en su propia consideración, según nuestros Abogados delito alimentario, esto es ya que constituyen el elemento básico para la supervivencia humana. Sin embargo, en la actualidad, la equiparación entre alimento puesto a disposición de los consumidores y producto natural que aporta los elementos esenciales para el mantenimiento de la vida humana es muy limitada y ha perdido casi por completo el hilo directo entre el desarrollo natural del producto y el consumo final del mismo.

La industrialización de la actividad alimentaria llega a tal grado, según nuestros Abogados delitos alimentarios,  que la transformación de los alimentos y conservación para garantizar el acceso a los mismos en condiciones de accesibilidad económica se ha convertido en el centro del funcionamiento de este sector de actividad económica, con una potente sustitución de los procesos naturales por los mecanizados y químicos que garanticen la superproducción de alimentos a nivel mundial. Si bien estos procesos han incorporado grandes dosis de seguridad alimentaria, tanto por las fuertes exigencias administrativas en los países más desarrollados económicamente, como por la delicada situación en que colocan a las industrias alimentarias los fallos de seguridad en los mercados de consumo (véase la reciente quiebra en un solo mes de una empresa de agua envasada no es menos cierto que la progresiva sustitución del proceso natural de deterioro de los productos naturales por sistemas de conservación y de añadido de elementos no naturales que favorecen e intensifican el consumo, hacen que continuamente aparezcan en el mercado de alimentos productos que difícilmente puede afirmarse que cumplan esa función inicial.

Desde el punto de vista de la protección de la salud pública, resulta evidente que la ingesta de alimentos es la vía de más rápida por la que pueden materializase los riesgos para la salud pública, y ello porque se trata de la única actividad humana que es ineludible y que se practica de manera continua, día a día, por todos los sujetos. Esa necesidad permanente de alimentación, junto con los altos estándares de seguridad alimentaria impuestos en los países desarrollados, tiene un doble efecto, minimizar al máximo las crisis alimentarias con daños visibles inmediatos por defectos en los productos, por un lado, y derivar al medio y largo plazo las afectaciones perjudiciales para la salud por un efecto de acumulación temporal de efectos negativos que dificulta la evidencia científica y la imputabilidad jurídica entre los resultados dañinos para la salud y la existencia de una anomalía, una sustancia o un efecto pernicioso para aquella.

Tanto la Resolución europea, como la nueva regulación administrativa española de la materia, a través de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, atienden a la paradójica situación de crecimiento paralelo de la seguridad alimentaria y de los riesgos para la salud pública. La primera, por la enorme capacidad de innovación tecnológica aplicable a esta industria y los segundos porque esta introducción continua de procesos industriales sobre los alimentos aleja, cada vez más, los productos finales consumidos de los productos naturales originales20, aunque se sigan publicitando como tales a efectos comerciales, sin que se hayan evaluado siempre todas las posibles consecuencias que tales procesos introducen en la cadena alimentaria.

Regulación Penal del Delito Alimentario

La regulación penal actual, tras sucesivas reformas, intenta dar respuesta a la protección de la salud pública atendiendo a estos factores, pero con las carencias propias de un sector con normativa reguladora cambiante y una industria potente en constante evolución. Los artículos 363 a 366 CP recogen las conductas delictivas que, en el marco de la defensa de la salud pública, se relacionan con la manipulación y distribución de alimentos. Se trata de delitos que, en todos los supuestos, ponen en peligro la salud pública colectiva mediante el recurso a la técnica del delito de peligro abstracto al no exigirse en ninguna de las conductas la existencia de un riesgo específico de consumo por parte de los consumidores, sino que es suficiente con generar las condiciones de riesgo en los propios alimentos sin que sea necesario que los mismos se hayan puesto a disposición de las personas. La gravedad de las conductas, según nuestros Abogados delito alimentario,  y el potencial peligro que conllevan justifican este castigo adelantado.

La Pena por Delito Alimentario

El artículo 363 castiga cinco conductas muy diferentes que tienen en común la limitación del sujeto activo que solo puede ser un productor, distribuidor o comerciante, constituyendo un delito especial justificado por tratarse de conductas relacionadas con la fabricación, distribución y puesta a disposición de alimentos a las personas, lo que obliga, especialmente a determinados sujetos, a cumplir las obligaciones legales establecidas en materia de alimentos y a supervisar todos los procesos de la cadena alimentaria. Algunas de las conductas constituyen tipos penales en blanco que requieren una remisión a la normativa administrativa en la materia para completar el sentido de la prohibición. Así, claramente, el ofrecimiento en el mercado de productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes.