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Contamos con Penalistas expertos en la defensa de imputaciones por delito de desobediencia grave a la Autoridad que en ocasiones aparece junto con el delito de atentado a la autoridad. Hay que tener mucho cuidado pues en ocasiones proviene de un delito de trato degradante. Cuente con la experiencia de nuestros mejores Abogados Penalistas.

En resumen, señalan nuestros Abogados delito de desobediencia grave a la Autoridad la recurrida entiende que, aunque se conocía por los autores del hecho que las reses debían ser sacrificadas por orden de las Autoridades competentes para ello, sus actos no son desobedientes al no existir mandato expreso, y debidamente notificado, de prohibición de extraerlas del recinto en el que habían sido instaladas, tras su incautación, con el fin exclusivo de posibilitar su ulterior sacrificio.

Pero frente a esa conclusión de un exagerado rigor formalista, procedente de una lectura no del todo correcta de la doctrina precedente de esta Sala (STS de 10 de Diciembre de 2004, entre muchas otras), ha de advertirse que la desobediencia prevista en el artículo 556 lo que realmente ha de suponer es una conducta, decidida y terminante, dirigida a impedir el cumplimiento de lo dispuesto, de manera clara y tajante a su vez, por la Autoridad competente, ya que el hecho de que se requiera la debida acreditación de la notificación de esa decisión, e incluso de un requerimiento para ser acatada aunque sin llegar a la necesidad del apercibimiento respecto de la posible comisión del delito, tiene, como único fundamento y razón de ser, el pleno aseguramiento del conocimiento, por parte del desobediente, del mandato incumplido, es decir, su propósito resuelto de incumplir deliberadamente éste, señalan nuestros Abogados delito de desobediencia grave a la Autoridad.

En tal orden de cosas, en el presente caso y como queda dicho, los acusados eran perfectos conocedores y así se le hizo saber en su momento, con todos los requisitos para ello y según la literalidad de los propios hechos declarados como probados por la Audiencia, en concreto a José Miguel, como propietario de las reses afectadas por el brote de brucelosis, del acuerdo formal y definitivo de la Autoridad ganadera acerca de la necesidad de sacrificar a los animales, para lo que se procedió a su previo traslado a la finca de la que ambos acusados posteriormente las sacarían, tras coaccionar a sus guardianes, delito de desobediencia grave a la Autoridad .

Por lo que, aunque no existiera un mandato expreso, que prohibiera concretamente esa conducta de extracción del ganado incautado de dicho recinto, no puede ignorarse que tal modo de proceder exclusivamente tenía por objeto impedir el cumplimiento de la orden de sacrificio y, en definitiva, era tan sólo el medio elegido para ello, es decir, para hacer, en definitiva, inoperante la orden de la Autoridad de la que y se tenía perfecta noticia.

La retirada de las cabezas de ganado no suponía, por tanto, sino la forma de desobedecer u oponerse al cumplimiento de la decisión del sacrificio de las mismas, impidiendo de ese modo que éste pudiera ser llevado a cabo, al apartar a las reses del ámbito de disponibilidad de la Administración, a cuyo fin precisamente habían sido sometidas a una incautación que los acusados quebrantan con clara intención de hacer ineficaz la orden de sacrificio que, según lo ya dicho, había sido objeto de precisa y rigurosa notificación.

Argumentos por los que ha de estimarse el Recurso, en este concreto extremo, al hallarnos ante un delito de desobediencia grave de acuerdo con las razones expuestas, por lo que procederá, seguidamente, el dictado de una nueva Sentencia en la que, sustituyendo en este punto a la recurrida, se extraigan las consecuencias legales correspondientes a dicha estimación.