900 80 22 68 / 627 467 043 LLÁMANOS

Somos referentes en la Defensa de IMPUTACIONES por DELITO de ESTAFA en GRANADA. Cientos de Sentencias Ganadas por nuestros Abogados Penalistas Granada nos colocan en la vanguardia del Derecho Penal.

Con nuestros Abogados delito de Estafa en Granada vamos a estudiar los elementos del tipo penal. Los distintos elementos configurativos del tipo penal de estafa común que nos afecta: “En los elementos configuradores del delito de estafa hay que enumerar:

Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno. En la estafa, el engaño bastante debe, provocando un error, inducir al sujeto pasivo a realizar un acto de disposición, disposición que por el efecto de perjuicio para el disponente o un tercero, ha de tener un contenido patrimonial, esto es, ha de recaer sobre un elemento del patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero. En ocasiones el delito de estafa en Granada viene relacionado con el delito de falsedad documental.

Requiere el delito de estafa en Granada, para su producción una específica contribución de la víctima, esto es, que aquella haga voluntariamente algo que perfecciona el tipo, contribuyendo con ese hacer a la causación del resultado. La existencia de una cooperación del sujeto pasivo para la perfección del delito de estafa es consecuencia del requisito del nexo causal entre el engaño y el acto de disposición. Se habla de “error y autodaño” porque en la estafa es la propia víctima el instrumento utilizado por el autor para la producción del perjuicio patrimonial, es un caso de autolesión inconsciente o no querida. A la hora de definir el acto de disposición patrimonial, según nuestros Abogados delito de estafa en Granada como elemento del tipo objetivo de estafa, se ha acudido a distintos conceptos. En ocasiones el delito de estafa en Granada viene relacionado con el delito de apropiación indebida.

Si tomamos el concepto propio de acto de disposición como negocio jurídico de disposición, surgen serios problemas, ya que entonces caerían fuera del tipo penal una serie de actos en los que el sujeto pasivo carece de poder de disposición jurídica sobre la cosa. Así, quedaría excluido “el servidor de la posesión”, que se limita a transferir la detentación de la cosa entendiendo que sigue manteniéndose la posesión mediata del dueño, como en los casos en que el sirviente es inducido a error, entregando una cosa a quien dice mendazmente cumplir con el encargo del propietario, de recogerla. No hay ahí acto dispositivo jurídicamente entendido, según nuestros Abogados delito de estafa en Granada, ni siquiera el acto de la entrega constituye un negocio jurídico. Lo mismo sucedería con los fraudes procesales, pues la resolución judicial no constituye materialmente un negocio de disposición patrimonial –incluso, como más adelante veremos, se discute si es un acto de disposición–, disposición que en último término queda relegada a la fase de ejecución, en la que el condenado puede ser compelido a dar, hacer o sufrir algún acto que produce quebranto a su patrimonio. Pero lo hace, no víctima de un error, sino compelido por el “imperium” del Juez, es decir, contra su voluntad. Cuente con el asesoramiento de nuestros mejores abogados delito de estafa.

Tampoco el concepto estrictamente civil del acto de disposición, según nuestros Abogados delito de estafa en Granada, ofrece una respuesta satisfactoria a la definición de este elemento objetivo del tipo, pues con él se reduciría en exceso el ámbito de la estafa, ya que para el derecho civil el acto de disposición es el que transmite, grava, modifica o extingue un derecho patrimonial preexistente, con lo que quedarían fuera del concepto los actos creadores de relaciones jurídicas ex novo, como la asunción de una deuda o la concesión de un crédito. Pero en el sentido del tipo, el acto de disposición debe entenderse como un sacrificio patrimonial que recae sobre la víctima o que el acto de la víctima produce a un tercero (perjuicio), con un correlativo beneficio (lucro) para el autor del delito o también para un tercero al que aquel pretende beneficiar. Se trataría más bien de actos de atribución patrimonial, que abarcarían tanto la transmisión, modificación o extinción de un derecho preexistente como la creación de una relación jurídica nueva que represente una ventaja para el ámbito patrimonial al que el sujeto activo pretende lucrar.

Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, según nuestros Abogados delito de estafa en Granada, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que lleva a actuar bajo una falsa presuposición, y a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

Ánimo de lucro, propio o en favor de otro, según nuestros Abogados delito de estafa en Granada, es como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del C.P. entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio ocasionado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa”.

De todos los elementos que intervienen en el diseño de tal figura delictiva son dos los que echan en falta los recurrentes: el ánimo de lucro y el engaño.

Respecto al primero, entendido como “cualquier ventaja, provecho o utilidad que se proponga obtener el reo con su antijurídica conducta”, sostienen que el supuesto enjuiciado ha de enmarcarse dentro del simple incumplimiento. La dificultad de distinguir el dolo civil del penal, radicado -según su criterio- en la actividad del sujeto, hace que debamos inclinarnos por un incumplimiento civil, por cuanto tenían voluntad de cumplir con sus obligaciones jurídicas, concretamente, estaban dispuestos a la devolución de los préstamos y prueba de ello es que no sólo se pagaron las comisiones de apertura, sino los primeros vencimientos.