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la exigencia del tipo de delito de estafa de que el engaño sea “bastante para producir error”. Este requisito se ha entendido por parte de la doctrina más autorizada como un nivel mínimo de idoneidad del engaño: el engaño ha de ser suficiente como para producir error a un agente medio en ese concreto sector del mercado. Si se trata de un engaño burdo, que sólo podría desorientar a un agente económico des- cuidado, no cabrá hablar de delito estafa. Cuente con la experiencia de nuestros Abogados delito Estafa para la defensa de sus intereses.

No se puede analizar aquí adecuadamente la compleja cuestión de la imputación del error a la propia víctima por considerarlo consecuencia de su propio descuido más que del engaño del autor, según dicen nuestros Abogados delito Estafa. Sin embargo, sí deben hacerse algunas consideraciones, necesariamente breves, en relación con el deslinde entre dolo civil y estafa.

Se denuncia, en segundo lugar, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 392 en relación con el 390. 1o, 2o y 3o y 74 del Código Penal y el 248 en relación con el 250.1o y 6o, 77 y 74 del Código Penal. Estiman los recurrentes que no procedía la condena por los delitos continuados, ambos de falsedad y estafa en relación medial.

Este motivo encierra en realidad varias quejas diversas:

  1. a) que los hechos probados no justifican la estimación del delito de falsedad;
  2. b) que la falsedad debió tenerse por absorbida por el delito de estafa;
  3. c) que no debió estimarse que los delitos habían sido cometidos con las características de la continuidad prevista en el artículo 74 y
  4. d) que se les ha enjuiciado por delitos diversos de aquellos por los que fue cumplimentada la orden europea de detención.
  5. a) Por lo que concierne al delito de falsedad circunscribiéndonos exclusivamente a las imputadas en el hecho no 4 del apartado tercero de la declaración de hechos probados, por las razones que luego diremos, al examinar la cuestión del principio de especialidad de la entrega a España de uno de los acusados- es claro que confeccionar un documento suponiendo una solicitud de reintegro y firmarlo imitando la firma de otra persona -lo que hizo en dos documentos- integra el delito de falsedad del artículo 392 en relación con el 390 en su apartado 1 no 2o del Código Penal.

En cuanto a las otras actuaciones falsarias que se declaran probadas, señalan nuestros Abogados delito Estafa no se incluyen en la petición de detención, ni cabría incluir las que no se acomoden al listado del artículo 9que se circunscribe a las falsedades de documentos administrativos y de “instrumentos de pago”. Son incluibles las peticiones falsas de reintegro, que se refieren a pago por la entidad bancaria al requerimiento de los acusados, y que han sido falsamente creadas por éstos, cuente con la experiencia y grandes resultados de los Abogados delito Estafa de la Firma. Todo ello con independencia de que al otro penado D. T. le seria de aplicación el delito de falsedad en relación a las demás cometidas de que da cuenta la declaración de hechos probados.

  1. b) basta recordar que la naturaleza mercantil de los documentos, bien justificada en la recurrida, acarrea la consecuencia, también allí justificada, de excluir cualquier absorción entre tal delito de falsedad en documento mercantil y el delito de estafa.
  2. c) en cuanto a la estimación de la continuidad debemos comenzar advirtiendo que su consideración, en la falsedad, resulta beneficiosa para el reo ya que, caso contrario, si se rechaza, la alternativa sería castigar las falsedades separadamente. En cualquier caso, al haberse cometido, por las razones antes dichas, y en relación al penado D. Timo, dos delitos de falsedad, es ineludible aplicar el artículo 74 del Código Penal.

Se trata del documento que primero, los acusados remiten a la sucursal, y del que, después, presentan también en el momento del cobro. Esa dualidad autoriza a la aplicación del artículo 74 del Código Penal y el castigo del delito de falsedad como delito continuado.

Cosa distinta es que el delito de estafa no pueda ser considerado con carácter de delito continuado en relación al penado D. Timo, como ya se cuida de discriminar la sentencia recurrida, debido a la especialidad que se traduce en el veto de enjuiciamiento por delito distinto de aquel por el que fue concedida la entrega (solamente el hecho no 4 del apartado tercero de la declaración de hechos probados).

  1. Por lo que se refiere al incumplimiento del principio de especialidad debemos comenzar advirtiendo que no solamente es una manifestación del respeto a la soberanía del Estado que ejecuta la orden emitida, en este caso, por España, sino también una garantía del propio detenido que al verse juzgado, tras la entrega, por un delito diverso del considerado al tramitarse la orden sufre una evidente indefensión, dado que nada pudo argüir en el Estado de procedencia para oponerse a la entrega por esos otros delitos.

En cualquier caso no cabe olvidar que la propia sentencia recurrida parte de la decisión de observancia de tal limitación al enjuiciamiento. Así, en el último párrafo del fundamento jurídico tercero se dice: “si observamos la orden de detención -folios 328 y ss- solo se indica la infracción relativa a al denuncia del Sr. Endel S., por lo que en atención al principio de especialidad citado, al que el acusado Timo P. M. se acogió en Alemania, no puede ser condenado por el resto de los delitos…”

Efectivamente, a continuación pasa a determinar la pena y justifica la imposición de la misma en su máxima extensión. Y atiende solamente al hecho no 4 del apartado tercero de los hechos probados. Tal alegación no puede considerarse respecto del otro penado D. T. ya que éste no fue puesto a disposición por virtud de la orden europea de detención sino tras haberse logrado esta en España.

No se cuestiona en el recurso la falta de diferencia en la medida de la pena no obstante la diversidad del cúmulo de delito que se imputa. Por lo que no ha lugar a entrar en consideración de este particular sin perjuicio de haber sido justificada adecuadamente por la recurrida la imposición de las penas a ambos condenados. La implantación del subtipo de estafa agravada en el C. Penal de 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la punición penal para tutelar los efectos mercantiles reseñados en el art. 250.1.3o del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a cabo valiéndose de esos documentos según nuestros Abogados delito Estafa. Por consiguiente, el mismo legislador que prescindió de castigar el cheque en descubierto como delito independiente por considerar que la tutela de la norma penal no ha de extenderse a la protección del cheque como figura autónoma del tráfico mercantil, sí consideró en cambio que debía protegerlo penalmente de forma especial en los supuestos en que es utilizado como medio engañoso para ejecutar el delito de estafa.

Y aquí es donde surgió un primer dilema centrado en dilucidar si el nuevo texto legal pretende tutelar el cheque mediante el subtipo agravado de estafa sólo para evitar los supuestos en que se expide en descubierto (contra una cuenta sin fondos que respalden su pago), o si también protege el cheque cuando el engaño integrante de la estafa no aparece configurado por la apariencia de fondos sino por la confección de un cheque falso, que es utilizado como medio engañoso para que el sujeto pasivo se desprenda del dinero en favor del defraudador.

Se suscitó así el interrogante de si no se estaría penando dos veces el hecho falsario: primero a través del delito de falsedad y después como supuesto agravatorio específico de la estafa, pues en ambos casos es la falsedad de los efectos mercantiles la que opera, ya que es ella la que integra el engaño único que sirve de señuelo para intentar defraudar a las entidades financieras. La cuestión se complica más todavía al sopesar que el único fin de la falsificación del documento suele ser el presentarlo al cobro inmediato en los bancos correspondientes.

Así las cosas, podría estimarse que la norma específica de la estafa agravada del art. 250.1.3o desplazaba al delito de falsedad, dejando ya de operar el concurso de delitos. Se aplicaría de este modo un concurso de normas en que, merced al criterio de la consunción, el delito de falsedad quedaría consumido por el tipo específico agravado del delito de estafa.

La complejidad del problema suscitado generó una primera fase de incertidumbre en la jurisprudencia de este Tribunal, que llegó a admitir la tesis del concurso de normas en su sentencia 1235/2001, de 20 de junio. Con el fin de zanjar la cuestión concursal planteada, el Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el 8 de marzo de 2002 acogió el criterio del concurso de los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada del art. 250.1.3o del C. Penal. Los argumentos para ello se expusieron en los fundamentos de las sentencias dictadas a partir ese Pleno

La mayor capacidad lesiva de la utilización de ciertos documentos mercantiles, delito de falsedad contable, por su idoneidad para vencer las barreras de autoprotección de la víctima, dada la confianza que generan los instrumentos mercantiles en el tráfico jurídico, justifica la agravación, que en consecuencia concurre en cualquier caso aunque los instrumentos utilizados sean auténticos. El art. 250.1.3o no hace referencia al cheque falsificado, lo que quiere decir que deben incluirse en dicho precepto las diversas posibilidades de cometer un delito de estafa a través de un cheque, que puede no estar falsificado como sucede en el caso del cheque carente de fondos suficientes para hacerlo efectivo. Tiene una especial relación con el delito de apropiación indebida ya estudiado por nuestros Letrados.

2o) De no estimarse la aplicación conjunta de ambas figuras delictivas, entendiéndose ya computada o consumida en la estafa la utilización del cheque falso (art. 8.3 C. Penal), se dispensaría el mismo tratamiento penológico al que falsifica un cheque para cometer estafa que a quien lo utiliza para el mismo fin sin falsificarlo previamente. Con lo cual, se olvida que lo que refuerza la antijuricidad de la acción descrita en el citado art. 250.1.3o del C. Penal es el ataque a la seguridad del trafico mercantil, bien jurídico distinto –se dice en algunas de las sentencias citadas- al que tutela el tipo falsario, que protege también la fe publica y la función social de los documentos. Tiene una conexión con el delito de administración desleal dentro de los delitos económicos y empresariales.

La conducta falsaria no puede por tanto quedar absorbida por el delito de estafa, pues la sanción de ésta no cubriría todo el disvalor de la conducta realizada al dejar sin sanción la falsificación previa, que conforme a lo dispuesto por el art. 392 C. Penal no requiere para su punición el perjuicio de tercero ni el animo de causárselo por tratarse el cheque de un documento mercantil y no de un documento privado.

Esta doctrina del concurso medial de delitos se ha visto después refrendada en las resoluciones que se han ido dictando en años posteriores.

La pretensión del recurrente de que el delito de falsedad en documento mercantil quede absorbido por el delito de estafa agravada del art. 250.1.3o del C. Penal, opción que en su momento ocupó el centro del debate y tuvo incluso algunos visos de que prosperara, actualmente no puede, pues, acogerse al haberse impuesto la línea jurisprudencial propicia al concurso de delitos y no al concurso de normas.