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Según el criterio de los Abogados delito de falsedad de cuentas resulta forzoso resulta establecer algunas pautas dirigidas a delimitar el concepto de administrador de hecho. Así no será obstáculo, para la transferencia de la calidad a efectos de ser considerados autores del delito, los que, habiendo ostentado formalmente el cargo, se vieran privados de su titularidad por nulidad de la designación o finalización del mandato, si, de hecho, siguen ejerciendo las mismas atribuciones. El delito de falsedad de cuentas tiene una especial relación con el delito de blanqueo de capitales  y como no con el consabido delito de estafa.

También pueden ser cometidos, según nuestros Abogados delito de falsedad de cuentas por administradores de hecho los que actúan como tales, sin previo nombramiento o designación, si su actuación como tales administradores, además, se desenvuelve en condiciones de autonomía o independencia y de manera duradera en el tiempo. Obstará a dicha consideración la existencia de administradores formales que efectivamente desempeñan su función con autoridad sobre los gestores, por lo que no se excluye la eventual concurrencia de responsabilidades si ambos actúan en colaboración sin jerarquía en su relación. El delito de falsedad de cuentas forma parte de los delitos económicos y tiene una especial relación con el delito de apropiación indebida entre otros.

A tal efecto será relevante la consideración de la concreta organización interna de la persona jurídica con la que se configura su específica estructura. Matizándola, en su caso, respecto de la de la empresa, de la que aquella persona jurídica es titular. Mencionan nuestros profesionales al delito de malversación de caudales.

En esa perspectiva han de diferenciarse las previsiones legales y estatutarias que determinan la posición de quienes forman parte de los correspondientes Consejos de Administración o de otros órganos en los que también se integran administradores en sentido propio: Comisiones Ejecutivas o Delegadas, Consejero Delegado. Diversa es la posición de los Directivos. Incluso de los “altos” directivos. Recuerde que nuestros Abogados delito de falsedad de cuentas son Abogados Especialistas en Penal Económico.

En principio los que componen el Consejo son órganos de la persona jurídica. Los directivos lo son más exactamente de la empresa. De ahí que los ámbitos de incidencia de sus facultades sean diversos.

En el plano formal cabe hacer alguna precisión. Así los Directivos de la empresa, cualquiera que sea su nivel, son dependientes de los órganos de la persona jurídica. Vienen reglamentariamente definidos como el trabajador que ejercita poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.

Ello ha de traducirse en la forma de actuar las denominadas cláusulas de transferencia. Todos ellos extraneus, no devendrán intraneus sin atender a la jerarquía y al ámbito de la actividad en que se produzca el comportamiento típico.

El Director General, dependiente del Consejo u Órganos de Gobierno de la persona jurídica titular de la empresa, se superpone jerárquicamente a los demás directivos de la empresa sectoriales.

Establecidas estas premisas nos corresponderá dilucidar, en relación al caso que juzgamos, si a los acusados se les transfirió la calidad exigida para ser posible autor criminalmente responsable del delito fiscal, especial propio, atribuido a la persona jurídica obligada tributaria.

Y conviene resaltar que no se trata de una actuación delictiva por sujetos horizontalmente “asociados”, sino producido en el marco de una compleja organización en la que lo determinante es la competencia que dentro de la misma asume cada sujeto. Asunción que, no es inútil reiterar, no ha de examinarse desde la perspectiva formal organizativa, sino desde la material del efectivo ejercicio.

Como recordaba la Sentencia de este Tribunal Supremo por más que en delito fiscal, “…las clasificaciones laborales realizadas por normas reglamentarias de profesiones o actividades en que se deslinden los cometidos de los sujetos que actúan como directores, encargados, mandos intermedios, técnicos y obreros, tienen sus efectos puros dentro de las relaciones laborales públicas, pero son meramente indicativos en el orden criminal… porque ha de estarse no a lo que tales normas dispongan, sino a la efectiva realidad del hecho…”.

La declaración de hechos probados que hemos recogido no hace indicación de ningún dato que autorice a entender que los cargos ostentados por los recurrentes impliquen la atribución de las funciones propias de un administrador de las sociedades, ni antes ni después de la fusión.

Menos aún, si cabe, en las áreas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de dichas personas jurídicas.

Incluso puede estimarse que concurren motivos para excluir tal atribución.

Las personas jurídicas, titulares de las empresas de las que eran empleados los recurrentes, antes y después de la fusión, preveían en su organización, además del Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva y un Comité de Dirección. De la primera formaban parte miembros del Consejo de Administración. En la segunda se atribuía la presidencia a quien la ostentaba en el Consejo de Administración y se integraba a cargos directivos. Tal estructura refleja la inequívoca dependencia de éstos respecto del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. Por lo que mal puede predicarse una equiparación en autonomía y atribuciones entre los administradores y los directivos