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El delito de falsedad documental tiene una distinta vertiente dependiente del objeto sobre el que recaiga la falsificación. Así las cosas señalan nuestros Abogados Especialistas en delito de Falsedad documental que no es lo mismo a efectos de condena falsificar un documento privado que un documento público.

Nuestros Abogados Penalistas van a realizar una valoración de un delito consumado de falsedad en documento oficial del art. 390.1.1º del Código Penal. Sobra decir la especial relación que tiene este tipo delictivo con el delito de estafa.

La doctrina del Supremo estudiada por nuestros Abogados Especialistas en delito de Falsedad documental exige como requisitos precisos para definir y caracterizar la falsedad documental los siguientes:

  • El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por algunos de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código Penal.
  • Que la «mutatio veritatis» recaiga sobre elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración de delito los mudamientos de verdad inocuos o intrascendentes para la finalidad del documentos.
  • El elemento subjetivo, o dolo falsario, consistente en el agente de la conciencia y voluntad de transmutar la realidad.

La incriminación de las conductas falsarias, indican nuestros Abogados delito de Falsedad documental encuentra su razón de ser en la necesidad de proteger la fe y la seguridad en el tráfico jurídico, evitando que tengan acceso a la vía civil o mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas. En este sentido la falsedad punitiva sólo tiene virtualidad punitiva cuando afecta a elementos esenciales y no cuando versa sobre extremos inocuos o intrascendentes.

Respecto al elemento subjetivo, el delito de falsedad documental requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, se logren o no los fines perseguidos.

Intención maliciosa indican Abogados delito de Falsedad documental ha de quedar acreditada y probada, rechazándose la imputación falsaria, cuando esa supuesta falsedad no guarda entidad suficiente para perturbar el tráfico jurídico, ni idoneidad para alterar la legitimidad y veracidad del documento. Lo importante es que aquella «mutatio veritatis» recaiga sobre extremos esenciales y no inocuos o intrascendentes.

El dolo falsario no es sino el dolo del tipo del delito de falsedad documental, que se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Pues bien, en este caso estos requisitos estén presentes, sin duda, en el documento elaborado y firmado por el acusado.

Así, en primer lugar, la falsedad, consistente en hacer constar que el informe jurídico se emite y firma años antes del momento real en el que así se hace, afecta, sin duda, a uno de los elementos esenciales de todo documento público u oficial, esto es, la fecha de emisión. La seguridad jurídica exige que la fecha de tales documentos, a diferencia de lo que ocurre con los privados, sea cierta y real. No es lo mismo emitir un informe, ante una solicitud de cédula de habitabilidad, y mucho menos es irrelevante emitirlo antes de que la cédula sea concedida que hacerlo con posterioridad pues, en el primer caso, dejando al margen las cuestiones penales que repetimos que no nos afectan relativas a si existe o no prevaricación por parte del Concejal de Urbanismo, la actuación de éste se aparta del criterio de los técnicos y , en el segundo caso, no existiría tal discrepancia entre la decisión y la documentación que consta en el expediente en cuestión.

El documento referido carece de cualquier relevancia, no resuelve nada y, por tanto, su alteración no determina que estemos ante un delito de falsedad documental.

Reiteradamente ha señalado el Supremo que una mutación de la verdad como la descrita tiene la aptitud suficiente como para alterar el expediente y añade que no hay que confundir la relevancia de la falsificación equivalente a aptitud teórica para conseguir el fin apetecido con que ésta haya sido efectiva y cumplidos sus efectos, y segundo, existe otro daño no por inmaterial menos efectivo, como es la quiebra que en los ciudadanos puede tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas deben merecerle, porque como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y actuaciones falsarias como las enjuiciadas pueden producir una quiebra en la confianza que en las instituciones públicas debe tener la ciudadanía. Nada consolida más el Estado de Derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de acuerdo con la Ley y que el que se aparta de la norma debe recibir la sanción que restablece aquella confianza rota. Toda falsedad, indican nuestros Abogados Especialistas en delito de Falsedad documental supone una mutación de la verdad y la falsedad documental se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumplen un documento, es decir, la función perpetuadora.

La función probatoria resultará afectada cuando la alteración del documento afecte a aquello que el documento debe y puede probar. Por tal razón es decisivo establecer que es lo que el documento prueba y ello depende del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. Y la función de garantía resultará afectada cuando la falsedad no permite identificar al autor de la declaración de voluntad. Cuente con el mejor asesoramiento, cuente con nuestros Abogados delito de falsedad en documento mercantil

En este caso, sin duda, quedó afectada la función probatoria del documento. No se corresponde con la realidad que tras la solicitud formulada de concesión de una cédula de habitabilidad y antes de su otorgamiento el jefe del servicio de urbanismo informase negativamente a su concesión; la alteración afecta, pues, directamente, a lo que el documento quiere probar en este caso y, en consecuencia, afecta a un elemento esencial del mismo.

“alterar un documento” incluye las conductas descriptivas que en el anterior Código Penal se encontraban en las expresiones tales como contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica, alteraciones de fechas, o hacer intercalaciones. Cuente con la experiencia de nuestros Abogados Penalistas para la defensa de su expediente.