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Nuestro despacho de Abogados delito Fiscal Málaga cuenta con un Departamento específico en esta materia. De un lado, la defraudación fiscal puede llegar a considerarse delito cuando supera los limites establecidos en el Código Penal. Contamos con acreditada experiencia en este tipo de expedientes y con resultados favorables para los intereses de nuestros clientes.

Por tanto, un incremento patrimonial producido por la comisión de un delito contra la Hacienda Publica. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Según nuestros Abogados delito Fiscal Málaga se compone de nuestros mejores especialistas y cuentan con una amplia experiencia como Penalistas en prácticamente todos los Juzgados de relevancia de España. El delito Fiscal Málaga puede ser considerado como uno de los más característicos y, a la vez, con mayor peso específico dentro de la delincuencia económica. La reforma y establecimiento de sistemas fiscales más complejos y perfeccionados, necesarios para contribuir a los gastos públicos que genera el denominado Estado del Bienestar ha ido paralelo a los cambios del sistema económico identificado hoy con la globalización e, inherente a ella, a las nuevas condiciones y estructuras financieras (apertura de los mercados de capitales) y comerciales (volumen desbordante de intercambios internacionales de bienes y servicios) que, junto con la movilidad de personas, empresas y capitales, posibilitan conductas criminales cada vez más organizadas y, por ello, difíciles de descubrir en las que el daño directo y real que se causa se ejecuta por puro móvil de enriquecimiento, bajo el amparo del abuso de las formas societarias y del perfeccionamiento de los medios técnicos. Además, en el caso de los delitos fiscales o, más concretamente, de la delincuencia fiscal se aprecian una serie de características que la definen e identifican.

Los Abogados delito Fiscal Málaga de Nuestra Firma son capaces de ofrecer solución a todos los problemas jurídicos, dudas y consultas que pudieran plantearse al cliente de una forma Humana, cercana, económica y eficaz. Nuestro equipo de Abogados delito contra la Hacienda Publica Málaga y Criminología es consultado regularmente por periodistas y otros profesionales sobre temas de actualidad, realizando aportes de contenido y análisis en Televisión, Radio, Periódicos y Revistas Especializadas. Actualmente existen dos enfoques complementarios sobre lo que ha de entenderse como bien jurídicamente protegido en el delito Fiscal Málaga.

Para el primero el bien jurídico protegido es el Erario público entendido como el patrimonio de la Hacienda Pública en su manifestación de recaudación completa de los diferentes impuestos. Para el segundo, el bien jurídico protegido son los valores constitucionales consagrados en el artículo 31.1 CE, incluido el justo reparto de la carga tributaria. Desde esta perspectiva lo que se protege a través del delito fiscal no es sólo la actividad puramente recaudatoria sino la función que nuestro ordenamiento atribuye a los tributos y que, como señala el artículo 2.2 LGT, no sólo es la de ser medios para recaudar los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos sino también la de servir como instrumentos de la política económica general y para atender a la realización de los principios y fines constitucionales.

El Código Penal señala, dicen Nuestro equipo de Abogados delito contra la Hacienda Publica Málaga que “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será́ castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.”

La naturaleza jurídica de la cuantía defraudada a la que se refiere el artículo 305 CP es objeto de discusión por la doctrina y por la jurisprudencia distinguiéndose dos planteamientos: considerar que constituye un elemento del tipo (resultado típico del delito) y, el más generalizado, entender que opera como condición objetiva de punibilidad (esto es como circunstancia que debe concurrir en el momento de realizar la conducta delictiva pero que se encuentra causalmente desvinculada de ésta por lo que no tiene que ser conocida por el agente) o de perseguibilidad (circunstancia que, después de cometido el delito, constituye presupuesto para el ejercicio de la acción penal). En el primer caso la cuantía deber ser abarcada por el dolo del autor, esto es, el sujeto tiene que tener conciencia de que defrauda en cuantía superior a 120.000 €. En el segundo basta con que exista la intención defraudatoria. Las consecuencias son, por ello, también distintas pues si se considera como un elemento del tipo el error sobre la cuantía excluirá el dolo y, por tanto, la responsabilidad penal, mientras que si se califica como condición objetiva de punibilidad no se apreciará el error sobre la cuantía como causa eximente.

El mismo artículo del Código Penal prevé penas más leves según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del culpable, excepto si el delincuente pertenece a una organización criminal o si se utiliza a ciertas personas para cometer el delito. Según nuestros Abogados delito Fiscal Málaga en el caso de pertenencia a organización delictiva, a los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.