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La esencia del deber de cargo del funcionario público en la malversación de caudales radica en la infracción del deber de probidad o fidelidad por parte del funcionario o particular a él asimilado en el manejo de los fondos públicos, pues la Administración, para la consecución de sus fines, debe necesariamente valerse de personal para gestionar la cosa pública y para cuyo indigno abuso no hay previsiones suficientemente eficaces. Los funcionarios, se dice, para el desempeño de sus menesteres, son investidos de determinados derechos y privilegios de los cuales pueden abusar con mayor facilidad que los particulares, cuando exactamente el cometido del cargo les impone un mayor rigor en el respeto a las normas. Es, pues, el incumplimiento de los deberes de los funcionarios para con la Administración lo que determina el surgimiento de la infracción penal, entre otros del delito de malversación de caudales públicos. Cuente con la defensa de nuestros mejores Abogados delito de malversación de caudales públicos.

Es decir, en la malversación de caudales no basta que prevalezca la función pública, es menester que el sujeto infrinja un específico deber de custodia – deber de garante – con relación a los caudales o efectos que le son confiados. El funcionario tiene la obligación de evitar que se produzca el resultado consistente en la sustracción de los caudales o efectos públicos14. Existe, por tanto, una relación funcional entre el funcionario y el bien jurídico protegido por la cual se le interpone a éste el deber de mantener la continuidad sin cambios de la institución. Se le exige al funcionario, pues, una dedicación. De no ser así, se debe recurrir a los delitos patrimoniales, especialmente al delito de apropiación indebida.

Evidentemente, al lado del referido bien jurídico mediato habrá siempre un bien jurídico específico dotado de mayor concreción, que se reduce en un específico y determinado interés jurídico del Estado. En el caso específico de la malversación el bien jurídico en sentido técnico, directamente protegido, es el patrimonio público, que es el que posee relevancia dogmática, mientras que el correcto funcionamiento de la Administración es el bien jurídico mediato o ratio legis de la criminalización. Así, el fundamento de la criminalización de la malversación no reside en la peligrosidad abstracta que reviste la reiteración generalizada de conductas, aisladamente inocuas para el adecuado funcionamiento de la Administración, sino en el concreto menoscabo del patrimonio público que comporta cada ataque individual.

No hay consenso en la doctrina ni en la jurisprudencia estudiada por los Abogados malversación de caudales acerca del bien jurídico cuya indemnidad trata de garantizar el legislador con la tipicidad de los delitos de malversación. Los esfuerzos por conseguir una interpretación uniforme en este ámbito no han logrado hasta la fecha llegar a un denominador común, puesto que muchas son las posiciones y matizaciones al respecto, habiéndose recurrido incluso a una doble lesividad – patrimonio y deberes del cargo o muchas veces a varios conjuntamente.

Pero, diferentemente de lo que defiende la posición tradicional, dicen los Abogados Especialistas en Malversación de Caudales, no es el patrimonio en sí que se protege; más bien, es el atentado contra la correcta gestión del patrimonio público, de acuerdo a los principios constitucionales y legales que la inspiran, lo que constituye el contenido esencial de la lesión típica. Así, incorrecto funcionamiento y lesión patrimonial coinciden y se superponen, o incluso puede afirmarse que constituyen anverso y reverso de una misma conducta. Por lo tanto, cuando se afecten a otras funciones de los entes públicos, distintas a la patrimonial, serán otros los tipos que deben aplicarse. A lo sumo, para referidos autores el perjuicio es valorado por su idoneidad ex ante para frustrar el cumplimiento de los fines propios a la Administración, es decir, el fin, por su importancia, llega a cobrar autonomía.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, estudiada por nuestros Abogados Especialistas en Malversación de Caudales puede constatarse una gran disparidad a la hora de interpretar el bien jurídico protegido en los delitos de malversación. La histórica jurisprudencia del Tribunal Supremo entendía que el bien jurídico protegido en el delito de malversación de caudales públicos estaba constituido por la infracción del deber de fidelidad y probidad del funcionario con la Administración. La evolución de la jurisprudencia implicó una concepción menos imperativa y más constitucional de la norma penal y supuso el acoger doctrinas que conciben el ordenamiento jurídico como un sistema valorativo de tal forma que toda infracción penal requiere además de la exteriorización material de un hecho la lesión o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado, ideado como un valor de la vida al que el Derecho le otorga protección, valor que no puede identificarse con la sola infracción del deber de fidelidad y probidad del funcionario. Cuente con la defensa de nuestros Abogados delito malversación de caudales.