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Nuestra Experiencia en delitos de pornografía infantil en Sevilla y más concretamente en sus Juzgados se cuenta por victorias gracias a nuestros Abogados delito pornografía infantil. Las Sentencias obtenidas han cubierto las expectativas de nuestros clientes y ello nos llena de orgullo lo que nos hace señalarnos como Abogados Especialistas en Pornografía Infantil en Sevilla.

A continuación nos ocuparemos de los supuestos de “tráfico de pornografía infantil en Sevilla“, castigados con pena de prisión de 1 a 4 años a tenor del art. 189-1 (b) que dice: “El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tu viese su origen en el extranjero o fuere desconocido”.

Del contenido del precepto podemos sacar las siguientes conclusiones según nuestros Abogados delito pornografía infantil Sevilla. La alusión a “cualquier medio” significa que da igual el medio o el tipo de vía del tráfico. La alusión a la posibilidad de que el material sea de origen desconocido o que provenga del extranjero se refiere a que da igual de donde venga (por ej. pensemos en la capacidad que hoy día tiene internet y su facilidad de extender su red por cualquier rincón del mundo). De todas formas, los Tribunales españoles pueden intervenir en cualquier caso de visionado dentro de nuestro país y ,más aún, puede aplicar en estos supuestos el Principio de Justicia Universal por el cual, cualquier país tiene jurisdicción para perseguir y castigar determinados delitos entre los que se incluyen los relativos a la prostitución infantil.

La atenuante de trastorno mental como muy cualificada de acuerdo con el art. 21-1o en relación al art. 20.1 C penal con apoyo en la paidofilia que padece el recurrente que supone un trastorno mental y que, como tal, debió haber sido apreciado, según se dice en el motivo. Es muy habitual la aplicación de este tipo de atenuante en distintos delitos tales como el delito de robo o el delito de lesiones y delito de riña tumultuaria.

Cita en la argumentación, como apoyo a su tesis, los informes de varios especialistas que acudieron al Plenario.

El motivo no puede ser admitido tanto por razones procesales, que de por sí, ya serían suficientes para el rechazo, como por razones de fondo a las que también se entrará para dar respuesta, incluso más allá de las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva.

Por razones procesales porque el presupuesto de admisibilidad del cauce utilizado –error iuris del art. 849-1o LECriminal– parte del riguroso respeto a los hechos probados, pues la denuncia se centra en que, aceptando tales hechos, el Tribunal ha efectuado una valoración jurídica errónea.

De acuerdo con ello, los elementos fácticos del trastorno mental conocido como paidofilia consistente en atracción erótico/sexual hacia los niños y la consiguiente disminución de su voluntad para acompasar su actuación a la norma jurídica, y paralelamente la irrefrenabilidad de sus impulsos para comportarse al margen y en contra de lo prevenido en la norma, no aparecen en el relato fáctico.

La paidofilia, como recuerdan las SSTS de 24 de Octubre de 1997 ó 25 de Septiembre de 2000 afecta a la dirección del instito pero, per se, no supone ni ausencia ni disminución de los mecanismos de autocontrol, por lo que, no determina un mecanismo de exención ni de atenuación. Debe ir acompañada de trastornos psíquicos, según nuestros Abogados delito pornografía infantil Sevilla.

El recurrente hubiera debido enderezar su denuncia por la vía del error facti del art. 849-2o LECriminal que, como se sabe, supone un apartamiento injustificado de pruebas documentales, incluyendo en ellas las periciales en los términos ya aceptados por la jurisprudencia de esta Sala, apartamiento injustificado y carente de razones que, por ello, sería irrazonable y por tanto erróneo. No ha sido esa la estrategia del recurrente.

Como ya se ha dicho, no nos detendremos en este punto, sino que también daremos respuesta desde el fondo.

Pasando a las razones de orden sustantivo, el Tribunal sentenciador abordó con profundidad y corrección en el f.jdco. decimocuarto el tema del trastorno mental llegando a conclusiones que se aceptan en este control casacional.

Partiendo de la base que, la jurisprudencia de la Sala, de manera excepcional ha admitido, en ocasiones, la paidofilia como circunstancia de atenuación en la medida que el afectado por ella, además de esa patológica inclinación a los niños, presenta, como ya se ha dicho, trastornos psíquicos relevantes –SSTS de 10 de Junio de 1999, 25 de Septiembre de 2000 ó la de 13 de Febrero de 2001– en el presente caso, el Tribunal sentenciador ha alzaprimado sobre la pericial referida por el recurrente en su motivo, la pericial médica de los psicólogos adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en síntesis, vinieron a decir que el recurrente tenía intacta la capacidad cognoscitiva y también la volitiva por lo que “la secuencia abusiva puede catalogarse de planificada y premeditada”, y, en consecuencia rechazó el expediente atenuatorio, según nuestros Abogados delito pornografía infantil Sevilla.

En efecto en la medida que el recurrente, conocedor de su patógena inclinación sexual, voluntaria y conscientemente se pone en riesgo: en este caso contratándose como “canguro” para cuidar niños pequeños, no puede alegar imposibilidad de refrenar sus impulsos. Se está en un caso paradigmático de las “acciones liberae in causa” en las que el agente se coloca voluntariamente en una situación que sabe que no podría controlar posteriormente para luego alegar la imposibilidad de refrenar sus impulsos, lo que le impide acogerse a cualquier expediente de atenuación por haber buscado y querido libremente aquella situación; dicho llanamente persona concernida no puede colocarse consciente y voluntariamente en “tentación” y luego, cuando ha caído en ella, alegar imposibilidad de resistirse a sus impulsos.

Por lo mismo, tampoco puede acogerse tal atenuación desde la petición de someterse voluntariamente a la castración química, lo que en todo caso tendría una proyección de futuro pero que sería inmune en relación a los hechos enjuiciados.