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En nuestra Firma contamos con Abogados Especialistas en la defensa de imputaciones por delito contra la salud pública. GANAMOS SENTENCIAS PARA NUESTROS CLIENTES.

Sobra decir la especial gravedad de esta acusación que requiere de pruebas evidentes para ser condenado y que en ocasiones de manera injustificada se une el agravante de banda organizada o banda criminal y también hemos visto imputaciones por delito continuado.

Un delito contra la salud pública suponen  grave daño a la salud, previsto y penado en el artículo 368, inciso primero del vigente Código Penal , tipo penal que contempla un amplio abanico de conductas en sus verbos nucleares, (cultivar, elaborar o traficar con drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal; o poseer tales sustancias con aquellos fines de modo que, según reiterada doctrina jurisprudencial, constituye un delito de “peligro abstracto”, “de resultado cortado y de consumación anticipada.

Siendo uno de los elementos de su consumación, no solo el dato objetivo de la posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas vedadas al comercio lícito de la generalidad de las personas al estar incluidas en las listas I y IV del Convenio único de 1961, sino un elemento subjetivo caracterizado, según nuestros Abogados delito contra la salud pública, por el “animo de difusión” de dichas sustancias, requisitos que, conjuntamente con la cantidad de sustancia aprehendida y su pureza determinan que la simple tenencia con el referido ánimo integre el supuesto delictivo que el precepto penal castiga. En ocasiones se puede alegar la atenuante de drogadicción en este tipo de delitos.

La acción típica del delito contra la salud pública en este caso queda integrada por la posesión de una cantidad dispuesta para su distribución posterior a terceros con el consiguiente riesgo para la salud pública, en cantidad que excede, globalmente considerada, de la posesión para el consumo propio o autoconsumo, amén de la variedad de sustancia, su fraccionamiento y pureza de la misma.

De tal delito contra la salud pública son responsables en concepto de autores por su participación directa y voluntaria en la ejecución de los hechos que se han declarado probados, a la vista de la prueba obrante en la causa.

La Constitución somete a aquella valoración judicial a ciertas reglas elementales, como lo son la lógica y la racionalidad y que su objeto sólo lo puede ser la actividad probatoria practicada con suficientes garantías de preservación del derecho de defensa y de la propia corrección de la valoración.

El principio de libre valoración de la prueba que recoge el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no excluye que, en vía de recurso, pueda verificarse si ha existido la prueba de la que racionalmente resulte, o puede deducirse motivadamente de ella, el hecho o los hechos que desvirtúen la presunción de inocencia; y sólo constituye actividad probatoria válida para tal desvirtuación, como destaca la STC. 137/1988 y decíamos más arriba, la que, producida con las garantías procesales, pueda entenderse de cargo. En ocasiones la cantidad insignificante en el delito de tráfico de drogas es la línea de defensa más lógica.

La línea argumental de la defensa se ha basado en la inexistencia de prueba sobre la preordenación al tráfico de la sustancia aprehendida a los acusados, y en el destino de la misma a un consumo compartido.

Una jurisprudencia consolidada establece que para que exista el delito contra la salud pública no basta con que se desobedezca formalmente a la norma, sino que la acción realizada ha de ser peligrosa en abstracto para el bien jurídico protegido, excluyéndose del campo penal aquellos supuestos en los que quede descartada la posibilidad de difusión de la droga a un número indeterminado de personas y desde la perspectiva de la antijuricidad no aparezca el elemento tendencial o finalista, ni estén presentes la nota de culpabilidad y el reproche social que la transmisión de drogas, como todo acto de fomento, promoción o facilitación del consumo implica, considerándose impunes, por atípicos, entre otros, los supuestos en que varios consumidores aportan dinero para la adquisición de la droga que luego piensan conjuntamente consumir, encargando a uno de ellos su adquisición, indicando la última de las sentencias citadas que la valoración social de estos actos de “consumo compartido” es la misma que la que pueden tener los actos en que esas personas pudieran consumir aisladamente y que el hecho de obrar conjuntamente en tales supuestos, lo que es frecuente en grupos de jóvenes, nada reprochable añade a la significación del acto que no tengan los casos en que esos mismos hechos se realizan aisladamente.

Asimismo recuerda la Sala 2ª del Tribunal Supremo, estudiada por nuestros Abogados delito contra la salud pública que se ha declarado excepcionalmente impune la donación de drogas que se realiza entre adictos si se lleva a cabo en un círculo cerrado y SE TRATA DE LA DOSIS DESTINADA A UN CONSUMO INMEDIATO por persona o personas, que en todo caso han de estar determinadas porque se ha entendido que en este supuesto, equiparable al autoconsumo, bien que compartido, apenas se produce el riesgo potencial para la salud pública que es el resultado característico de este tipo penal.

Esta doctrina estudiada por Abogados delito contra la salud pública, sin embargo, ha estado permanentemente matizada con la advertencia de que la citada impunidad sólo puede ser reconocida con suma cautela para que en ningún caso quede indefenso el bien jurídico que se intenta proteger.

En distintas sentencias se señala que son impunes determinados supuestos de “consumo compartido”, más partiendo de presupuestos muy precisos no detectables en el caso enjuiciado.

  • 1 Los consumidores que se agrupan han de ser adictos, ya que si así no fuera el grave riesgo de impulsarles al consumo y habituación no podría soslayar la aplicación del artículo 344 del CP ante un acto tan patente de promocionó favorecimiento.
  • 2 el proyectado consumo compartido ha de realizarse en ” lugar cerrado, y ello en evitación de que terceros desconocidos puedan inmiscuirse y ser partícipes en la distribución o consumo. Aparte de evitar que el nada ejemplarizante espectáculo pueda ser contemplado por otras personas con el negativo efecto consiguiente.
  • 3 La cantidad de droga programada para su consumición ha de ser insignificante.
  • 4 La coparticipación consumista ha de venir referida aun pequeño núcleo de drogodependientes, como acto esporádico e íntimo, sin transcendencia social.
  • 5 Los consumidores deben ser personas ” ciertas y determinadas”, único medio de poder calibrar su número y sus condiciones personales.
  • 6 Ha de tratarse de un consumo inmediato de la sustancias adquiridas”.

Pues bien, estudiada por Abogados delito contra la salud pública, la impunidad de la donación para el consumo compartido entre toxicómanos -en las condiciones citadas por dicha jurisprudencia- implica necesariamente igual declaración de impunidad cuando nos encontramos, no ante una donación, sino ante una puesta en común de dinero para la adquisición conjunta de la droga por uno de los consumidores futuros. Ahora bien, en el presente supuesto debe descartarse que los hechos sometidos a enjuiciamiento no pueden quedar impunes al amparo de la figura jurisprudencial del “consumo compartido”, cuya tésis, como hemos visto mantiene la defensa, y ello porque no consta que dicho consumo fuese a realizarse en un local cerrado, pues si como dijeron los acusados y los testigos que depusieron a su instancia “era para tomarla durante el fin de semana de carnaval, en la discoteca, o en los coches o donde pudieran”

En efecto, en este proceso ha quedado acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio oral bajo los principios de inmediación y contradicción, que no debe prosperar la argumentación de las defensas, por dos motivos:

Por una parte por las contradicciones y poca consistencia o verosimilitud que algunas de las afirmaciones de los acusados y por otra por la falta de los requisitos que exige la jurisprudencia para considerar que estemos ante un supuesto de consumo compartido.