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El delito de alzamiento de bienes genérico (art. 257.1.1º CP) se comete por el deudor que para frustrar los derechos de crédito de sus acreedores extrae de su patrimonio bienes o valores colocándose en una situación de insolvencia que le impide atender el cumplimiento de sus obligaciones. . La defensa de nuestros Abogados Especialistas en delito de alzamiento de bienes estará en demostrar que no se reúnen los mismos y por ello no puede ser condenado.
La extracción de los bienes que lleva a la investigación por un presunto delito de alzamiento de bienes se lleva a cabo, por lo general, mediante ocultación si se trata de bienes muebles o mediante negocios jurídicos simulados en el caso de los inmuebles. La insolvencia es un presupuesto fáctico, que no precisa, por tanto, de declaración judicial, y puede ser total o parcial, real o aparente, pero debe ser definitiva, de tal forma que tras la realización de las conductas de ocultación o distracción de los bienes el pasivo supere al activo. Sobra decir la especial relación entre el delito de alzamiento de bienes y el delito de falsedad en documento mercantil.

No se trata de un mero incumplimiento de pagos, sino de una conducta fraudulenta del deudor, sin que sean típicas las insolvencias fortuitas ni las debidas a una gestión arriesgada o incluso imprudente del patrimonio. Se trata de un delito especial, sólo puede ser cometido por quien sea deudor, sin perjuicio de que los no deudores puedan ser castigados como partícipes (inductor, cooperador necesario o cómplice). Presupone la existencia de una relación obligacional entre el sujeto activo y el pasivo, aunque la deuda no tiene necesariamente que ser líquida, vencida y exigible en el momento de la comisión del delito.

El alzamiento se consuma cuando se llevan a cabo las extracciones de bienes, siempre que se constate la situación de insolvencia descrita. La existencia de bienes suficientes en el patrimonio del deudor para atender sus obligaciones de pago excluye la existencia de este delito. Si este alzamiento se irroga a varias personas nos podemos encontrar con que el Ministerio Fiscal agrave su solicitud por la existencia de un delito continuado de alzamiento de bienes.  Por otro lado, también, es posible que se solicite mayor condena por entender el Fiscal unido a la existencia de pruebas por la agravante de banda organizada.

No se incluyen dentro del tipo los supuestos de favorecimiento de acreedores, salvo que exista una connivencia defraudatoria entre el deudor y el supuesto acreedor o, aunque resulta más dudoso, que el pago no sea adecuado, por atender deudas no vencidas con posposición de otras ya vencidas. Tras la admisión a trámite del concurso el favorecimiento de acreedores es típico si concurren los elementos del artículo 259 del Código Penal.

La responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes no puede, por regla general, asimilarse al pago de la deuda cuyo abono se pretendía evitar, sino que consiste en la declaración de nulidad de los actos realizados para extraer los bienes del patrimonio del deudor, salvo en los supuestos en los que esta restitución sea imposible, en cuyo caso el valor de esos bienes actuará como límite de esta responsabilidad.

Alzamientos específicos:

  • alzamiento para impedir o dificultar un procedimiento ejecutivo en marcha o de previsible iniciación.
  • alzamiento para evitar el abono de la responsabilidad civil ex delicto (art. 258 CP). Se encuentran castigados con la misma pena.

La LO 5/2010, de 22 de junio, ha incluido una agravación de las penas (prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses) en los supuestos en los que la deuda u obligación que se trata de eludir sea de derecho público y la acreedora sea una persona jurídico-pública, así como cuando concurran las siguientes circunstancias agravantes: cosas de primera necesidad, viviendas u otro bien de reconocida utilidad social; especial gravedad por la cuantía y situación en la que se deja a la víctima o su familia; valor del alzamiento supere los 50.000 euros (art. 257.3 y 4 CP). Consulte a nuestros Abogados Especialistas en delito de alzamiento de bienes.

Además, se reconoce tras la reforma de 2010 la posible responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos de alzamientos de bienes. A tal efecto, la LO 5/2010 añade un art. 261 bis que señala las penas que pudieran ser de aplicación a la persona jurídica: multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años; multa de 1 a 3 años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 y hasta 5 años, o multa de 6 meses a 2 años en los demás casos. Se prevé la posibilidad de aplicar alguna otra de las penas previstas en el art. 33.7 CP , siempre que se cumplan los requisitos del art. 66 bis CP .