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Según el acertado criterio de nuestros Abogados Especialistas en delito de Estafa, nos encontramos ante este delito cuando el Autor, con ánimo de engañar lo consigue provocando una disposición patrimonial en la víctima que perjudica a ésta y beneficia al autor. No obstante lo anterior, deben darse una serie de requisitos para que se pueda condenar EFECTIVAMENTE AL AUTOR. En este punto es donde se encuentra el salto de calidad de los verdaderos Abogados Especialistas en delito de Estafa, básicamente en dominar la Jurisprudencia y la doctrina para saber como obtener el mejor resultado para los Clientes imputados o investigados por delito de estafa.

Concepto de delito de Estafa

El Engaño y el Error en el Delito de Estafa

Especialistas en Delito de Estafa

Para nuestros Abogados Especialistas en  delito de estafa, éste se consuma cuando se lleva a cabo la disposición patrimonial por el sujeto pasivo. En muchos casos nos encontramos con acusaciones del Ministerio Fiscal en dónde se agrava la pena de prisión solicitando el agravante de delito continuado. A efectos de determinar la competencia territorial, que generalmente viene atribuida al lugar de comisión del delito, que no es otro que el de su consumación, sin embargo, el Tribunal Supremo suelen aplicar la denominada “teoría de la ubicuidad”, que considera competente a cualquiera de los Tribunales de los lugares en los que ha tenido lugar alguno de los elementos típicos, ya sea el que realiza el sujeto activo (engaño), ya sea el que lleva a cabo el sujeto pasivo (desplazamiento patrimonial), correspondiendo el conocimiento del asunto a aquél que haya iniciado la investigación con anterioridad.

Entre el engaño y el error debe existir una relación, de forma que aquél pueda ser considerado “bastante” para provocar el error en el sujeto pasivo que motiva el desplazamiento patrimonial. La suficiencia del engaño se valora atendiendo a criterios objetivos y subjetivos: se considera bastante cuando el sujeto pasivo no debiera haber evitado el error mediante una conducta diligente, exigible socialmente en el marco del hecho concreto ejecutado. Así, la jurisprudencia más reciente, en aplicación del principio de autoprotección de la víctima, suele excluir la estafa en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo, especialmente si se trata de empresas, no lleva a cabo las verificaciones precisas para determinar la solvencia de la contraparte o no comprueba datos que constan en registros públicos. Sobra decir la especial relación entre el delito de estafa y el delito de alzamiento de bienes. Ambos inciden contra el patrimonio de la víctima en beneficio del autor o autores del hecho delictivo. El concepto de engaño, señalan nuestros Abogados Especialistas en delito de Estafa, es decisivo para delimitar la estafa de ilícitos civiles (“contratos civiles criminalizados”), que se distinguen del delito, porque en éste existe desde el inicio una intención de incumplir el contrato (“dolo antecedente”), esto lo estudiamos en el post sobre elementos del delito de estafa. Por lo que se refiere al perjuicio económico, no es posible incluir en este concepto las meras expectativas de lucro que no se encuentran reconocidas jurídicamente. El delito exige dolo y ánimo de lucro, como elemento subjetivo adicional, sin que pueda, por tanto, ser cometido de forma imprudente.

Las Penas del Delito de Estafa

Circunstancias agravantes (art. 250 CP): prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses: antes de la reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio:

  • 1 cosas de primera necesidad, viviendas u otro bien de reconocida utilidad social;
  • 2 simulación de pleito o fraude procesal;
  • 3 Uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio;
  • 4 Abuso de firma de otro o alteración documental;
  • 5 Bien del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico;
  • 6 Especial gravedad por la cuantía y situación en la que se deja a la víctima o su familia; vii) abuso de relaciones personales o credibilidad empresarial.  Si concurren la circunstancia i) con la vi) o la vii): prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. La falsificación de un cheque y su utilización posterior para cometer una estafa se solía sancionar como concurso de delitos entre la estafa agravada y la falsedad en documento mercantil (art. 392 CP). Tras la reforma llevada a cabo mediante LO 5/2010, de 22 de junio, las circunstancias agravantes específicas del delito de estafa se han modificado en dos sentidos: por una parte, ha desaparecido la referente al uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio, y por otra, se introduce una agravante nueva cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. La pena también se eleva cuando concurra esta nueva circunstancia o las anteriores vi) o vii) con la i).

Estafas específicas

El delito de estafa se perfecciona en la utilización de manipulaciones informáticas o artificios semejantes para conseguir la transferencia no autorizada de activos, y la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas, se incorpora en su apartado c) la utilización de tarjetas de crédito o débito o de cheques de viaje o sus datos en operaciones que perjudiquen al titular o a un tercero. Si con el mismo medio se estafa a distintas personas nos podemos encontrar ante una imputación por delito continuado y el número de años de prisión aumenta considerablemente. También es posible, siempre existiendo pruebas que la solicitud de condena del Ministerio Fiscal se vea incrementada por la concurrencia de la agravante de banda organizada y dirigida a la comisión de estafas en masa.

Responsabilidad de las Personas Jurídicas por delito de Estafa

Además, se reconoce la posible responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos de estafa. A tal efecto, se contempla las penas que pudieran ser de aplicación a la persona jurídica: multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años, o multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada en los demás casos.

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