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ABOGADOS ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN: EXTRADICIONES EN ESPAÑA.

Es muy común, que en prensa, radio o televisión, encontremos noticias relativas a la la extradición de presos a España procedentes de otros países y viceversa, el envío a países extranjeros de personas detenidas en España, con causas o procesos pendientes en los países de destino. Para que podamos entendernos, podríamos definir la extradición, como la petición que un Gobierno realiza a otro solicitando le sea entregada una persona que parece que ha debido cometer o se cree que ha cometido un delito, con el fin de que cumpla su condena o sea juzgada.

En nuestro bufete de abogados penalistas, somos especialistas en este tipo de procedimiento, pues no solo clientes nacionales y extranjeros, sino también otros despachos de abogados, que desconocen la materia, toman CONTACTO con nosotros para solventar este tipo de procesos.

Por tanto, para que un determinado País, pueda solicitar, y le sea concedida la extradición de un ciudadano, se hace necesario que exista algún tipo de proceso abierto o bien terminado, contra la persona cuya extradición se plantea, es decir, en el más leve de los casos, se hace necesario constatar que, la Justicia de ese determinado País, tiene una cuestión contra ese nacional.

Según podemos observar en nuestra Legalidad vigente, podemos encontrar dos tipos de procedimientos de extradición; La extradición activa o, la extradición pasiva.

El procedimiento de extradición en España se regula por Ley 4/1985, de 21 de Marzo, de Extradición Pasiva. En dicho cuerpo normativo, se encuentran recogidas todas las posibilidades legales al efecto.

Partiendo de lo anterior, para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será esencial que un Juzgado competente, haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra el acusado al que se refiera el proceso en curso. Podemos afirmar que el procedimiento de extradición, el cual, se divide en 2 estadios, un estadio meramente judicial y otro estadio, de carácter gubernativo, habrá de estarse a lo que dispongan los órganos jurisdiccionales; si se ha decretado la prisión provisional del reclamado deberá procederse según determina el artículo 104. 1 ó 2 del Reglamento Penitenciario. Podemos afirmar, sin lugar a dudas que, la extradición es un procedimiento por el cual un país solicita de otro que una persona que debe de ser juzgada en el país de la comisión del delito pueda hacerlo.

Es, en este tipo de procedimientos de carácter penal, donde, no solo se necesita un experto abogado penalista, para que luche en defensa de los intereses de dicha persona, sino que además de lo anterior, dicho abogado sea especialista en extradiciones. Nuestro equipo jurídico de Abogados Penalistas, está altamente especializado en las materias antes comentadas: Derecho Penal y Legislación sobre extradiciones en España.

Con carácter general, estamos en posición de afirmar que, se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes Españolas y las del País, cuyo gobierno solicita la extradición, señalen una pena de prisión o limitativa de libertad, o, en su caso, una medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad por hechos también tipificados en la Legislación Española.

Parece conveniente que, a continuación os expongamos, una serie de notas, sobre las propias solicitudes de extradición en sí:

Será concedida, afirmativamente, la extradición, con posibilidad de ser condicionada a que la Autoridad Diplomática en España del país requirente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido, por un abogado, y con sometimiento expreso a todas las garantías judiciales. La solicitud de extradición se formulará por vía diplomática, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la parte requirente al Ministro de Justicia español, debiendo acompañarse:

1º.-) La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisión o resolución análoga según la legislación del país requirente con expresión sumaria de los hechos y lugar y fecha en que fueron realizados.

2º.-) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, a ser posible, su fotografía y huellas dactilares.

3º.-) Copia de los textos legales con expresión de la pena aplicable.

4º.-) Si el hecho estuviere castigado con alguna de las penas a que se refiere el número 6. del artículo 4, el Estado requirente dará seguridades, suficientes a juicio del Gobierno Español, de que tales penas no serán ejecutadas. Estos referidos documentos, originales o en copia auténtica, se acompañarán de una traducción oficial al español.

Bien es cierto, que existen determinadas situaciones, en los que efectivamente, la solicitud de extradición no resulta atendida. Estos casos, son los siguientes:

Cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como tales los actos de terrorismo; Los crímenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen de Genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

Cuando se trate de delitos militares tipificados por la Legislación Española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por España; de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que sólo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos. Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de Excepción. Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la Legislación Española o la del estado requirente.

Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a ésta cuando se hubiere decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.

Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías exigidas suficientes.

Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado. El no reconocimiento de la condición de asilado, cualquiera que sea su causa, no impedirá la denegación de la extradición por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones. Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requirente, las medidas más apropiadas.