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CONTAMOS CON SOBRADA EXPERIENCIA EN LA DEFENSA DE ACUSACIONES POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SABEMOS COMO HACERLO Y OBTENER EL MEJOR RESULTADO PARA NUESTRO CLIENTE.

Desde hace más de 18 años nuestros Abogados Tráfico de Drogas defienden este tipo de expedientes, siempre alertan de lo mismo nuestros Letrados, Cuanto antes nos hagamos cargo de la defensa del expediente, mejor para el cliente.

La conducta ilícita del delito de tráfico de drogas ya no reside en la realización de actos de cultivo, elaboración o tráfico, sino en promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Los términos restantes incluidos en la norma legal son una enumeración que no tiene carácter exhaustivo, porque la inclusión en el texto penal de estos verbos tiene por finalidad el sancionar todas aquellas conductas encaminadas a que un tercero consuma droga. Contamos con Abogados Especialistas en delitos contra la salud pública. Se puede entender, por ello, que el tráfico es un acto de favorecimiento, que el cultivo y la elaboración es un acto de facilitación al consumo. Cuente con la experiencia de nuestros Abogados Especialistas en Tráfico de drogas. El promover, el favorecer o el facilitar son verbos nucleares en los que se integran los actos a través de los cuales se realizan el tráfico de drogas, el cultivo o la elaboración; todas las conductas incriminadas en la norma penal son las que se proyectan exclusivamente sobre el tráfico ilegal, dirigidas a la transmisión de la droga a un tercero, y se ejecutan en disconformidad a las leyes. En ocasiones resulta una acusación cuanto en realizad existe una cantidad insignificante de drogas.

La conducta típica del artículo 368 del Código Penal estudiada por nuestros Abogados Especialistas en Tráfico de drogas, se centra en las actividades de promoción, favorecimiento o facilitación a tercero del consumo ilegal de drogas. En concreto los comportamientos aparecen desdoblados, pudiendo distinguirse un número de acciones que estarían más directamente vinculadas al comercio o tráfico y otro grupo donde aparecerían comportamientos facilitadores del consumo que se podrían entender como actos relacionados con el tráfico de modo indirecto, manifestando el propósito del legislador a la hora de perseguir el consumo de drogas tóxicas. Se incluye dentro de estos actos favorecedores, el transporte, la donación, la indicación de lugares o personas que traican. Cerrándose el tipo con la referencia a la mera posesión cuando se busquen los citados fines. Es uno de los delitos de mayor aplicación práctica, por lo que la jurisprudencia sobre esta materia es muy extensa. Cuente con la experiencia y conocimiento de nuestros Abogados Especialistas en Tráfico de drogas. Para la defensa de estos expedientes es necesario en conocimiento  de las atenuantes en el delito de tráfico de drogas  y conseguir la reducción de la condena pedida por el Ministerio Fiscal.

Y estas leyes, de carácter administrativo son las que determinan a través de su articulado cuándo las operaciones de cultivo, elaboración, tráfico y posesión van dirigidas a su consumo legal, y cuándo no. El concepto de «notoria importancia», es sin duda de carácter valorativo, y en esta tare el Tribunal Supremo viene fijando unos criterios generales, que puedan adaptarse perfectamente a las circunstancias concurrentes, habiendo llegado a una posición muy generalizada en el sentido de tener en cuenta, la nocividad de la droga, la cantidad de sustancia consumible en cada dosis y la pureza o calidad de la misma. Se trata de un criterio que sirve en primer término para delimitar hipótesis de tenencia, consumo o tráfico, y en segundo lugar para definir una agravación. El concepto de notoria importancia del delito de tráfico de drogas es sin duda, de índole valorativa, requiriendo de una interpretación judicial en función del bien jurídico protegido. Hay que poner de relieve que el propio tipo legal no ofrece pautas suficientes para garantizar la labor judicial, con lo que ésta en realidad, debe suplir lo que en materia penal es tarea estricta del legislador. Estamos ante un elemento típico rechazable desde la perspectiva de la seguridad jurídica y del principio de legalidad, dado que delega en el Juez la concreción de los criterios por los que se produce la posibilidad de imponer la agravación.