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Se refiere al supuesto en el que “fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior”. También en este caso la única modificación destacable es la relativa a la ubicación sistemática del precepto que pasa al sexto lugar desde la anterior posición tercera en el artículo 369 CP, al carecer absolutamente de trascendencia la sustitución de la definición descriptiva de las sustancias objeto del delito por la referencia genérica a las contempladas en el artículo 368 del Código Penal.

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Al examinar este precepto resulta obligada la mención del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 19-10-2001, que con apoyo en un informe previo del Instituto Nacional de Toxicología, concreta la aplicación de la agravante especifica de notoria importancia, en las distintas sustancias, a partir de las quinientas dosis calculadas sobre la cantidad correspondiente al consumo diario estimado de un adicto medio, debiendo tenerse en cuenta exclusivamente, a estos efectos, el resultado obtenido en cada caso de sustancia o base tóxica, es decir una vez reducida a pureza, con la salvedad del haschis y sus derivados respecto de los cuales no es necesario tener en cuenta el porcentaje de principio activo (1). Este mismo criterio ha sido recogido en la STS 2027/2001 de 6 de Noviembre y posteriormente en múltiples resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre otras las Sentencias 217/2003 de 18 de Febrero, 617/2003 de 24 de Abril y 487/2004 de 16 de Abril.

El Tráfico de Drogas en la Jurisprudencia

Se trata también en este caso de un novedoso subtipo que sanciona más gravemente los supuestos en que: “El culpable introdujera o sacare ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional o favoreciese la realización de tales conductas”, siendo susceptible de aplicación tanto a los que materialmente realizan dichos actos como a los que los promueven o favorecen, es decir a aquellos que se conciertan para la introducción o salida ilegal de España de estas sustancias. La decisión de incorporar este subtipo agravado en el artículo 369 CP no es ajena a la consolidada doctrina jurisprudencial, iniciada con la STS de 1-12-97, acorde con la tesis fijada en el Pleno de la Sala Segunda de 24-11-1997, que superando el anterior tratamiento del concurso ideal entre el delito contra la salud pública y el delito de contrabando, estimó la existencia de un concurso de normas a resolver conforme al artículo 8-3º CP, entendiendo que el delito tipificado en los artículos 368 y 369 absorbía todo el desvalor de la conducta, es decir, tanto la puesta en peligro de la salud pública como la lesión al interés fiscal defraudado, desde el planteamiento de que en ningún caso se hubiera satisfecho pago alguno al Estado dada la naturaleza de la sustancia objeto de introducción y que el plus de antijuridicidad que supone la introducción de la droga desde el exterior del territorio nacional ya había sido incluido por el legislador en la sanción prevista en el artículo 368 CP. Esta doctrina, plenamente asumida por los Tribunales de Justicia, ha determinado que el legislador opte por contemplar en el artículo 369.1-10ª, el subtipo que examinamos merced al cual se sancionan más gravemente las conductas típicas cuando las sustancias objeto del delito se hayan introducido o sacado ilegalmente del territorio nacional. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial antes mencionada, elaborada en relación con la antigua circunstancia primera del artículo 369 CP en orden a interpretar el concepto de “introducción” en determinados centros o establecimientos, así como la que se tuvo en cuenta para la consumación del delito de contrabando exigiendo la efectiva entrada en territorio español (SSTS de fechas 23-1-98; 1-10-96 y 19-5-97 entre otras muchas) hay que entender que la consumación del subtipo que nos ocupa solo es posible si realmente se ha producido la entrada o salida de la droga del territorio nacional.

A dichos efectos, el concepto de territorio fue objeto de diversas interpretaciones, si bien, la publicación de la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de Diciembre de Represión del Contrabando, dio lugar a la consolidación de un criterio uniforme en la doctrina jurisprudencial, que se recoge en la STS de 18-7-96 en los siguientes términos: “Conforme a dicha definición legal, procede reafirmar, de entre los varios criterios expuestos, el recogido por esta Sala en Sentencias como las de 27 de Junio 1991 ó 15 enero 1992, conforme a las cuales en la figura de importación de estupefacientes el delito queda consumado cuando se ha pasado el control aduanero o cuando, inexistente este, se ha colocado la mercancía en territorio protegido por las barreras aduaneras españolas, siendo posibles las formas imperfectas de ejecución cuando se han iniciado las actividades inmediatamente dirigidas al paso de la frontera en la forma antes expuesta, y, sin embargo no se ha producido la introducción en territorio español”, debiendo citarse en igual sentido otras muchas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre ellas las de 2-3-97, 26-6-97 13-10-97 y 20-10-97.

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