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Hay cosa juzgada formal cuando, por haberse agotado los recursos previstos o por ser irrecurrible, goza una resolución judicial de inatacabilidad directa (firmeza). A veces esas resoluciones firmes son inatacables también indirectamente, cuando gozan del efecto llamado cosa juzgada material, que tienen un doble contenido en general: a) un efecto positivo o prejudicialidad, por el que vincula a otros tribunales que para resolver sus procesos han de tener en consideración lo resuelto con carácter definitivo en otro anterior; b) otro negativo, que impide resolver sobre aquello que ya antes ha quedado resuelto en firme. Este es el único que tiene operatividad en las causas penales. Esta materia aparecía regulada en el art. 1253 del Código Civil, ya derogado y sustituido por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en sus arts. 207 y 222.

Requisito previo, en principio, para la producción de cosa juzgada material es que haya una sentencia firme; lo que habría de ser un obstáculo para que esa cosa juzgada pudiera operar en estos expedientes del art. 988 LECr que han de terminar por auto. Entendemos en esta cuestión que cabe equiparar a estos efectos los autos firmes con que finalizan estos expedientes a una sentencia firme, relacionado con el delito continuado. En todo caso se trataría de un irrelevante juego de palabras: se llame o no cosa juzgada, es lo cierto que los autos firmes con que finalizan estos expedientes sobre acumulación de penas no pueden ser atacados indirectamente, esto es, a través de un procedimiento posterior sobre el mismo objeto que no debe iniciarse y, si se inicia, ha de concluir sin entrar en el fondo del asunto. Es la llamada excepción de cosa juzgada que en nuestra LECr, en los arts. 666 y ss. aparece regulada como uno de los llamados artículos de previo pronunciamiento. Nosotros, para una más fácil y clara exposición, con la expresada salvedad, vamos a seguir utilizando la expresión cosa juzgada como ya hizo esta sala al menos en dos sentencias anteriores, la 176/1998 de 9 de febrero y la 557/1996 de 18 de julio. También se refiere a este tema la 856/1998 de 17 de junio.

Entendemos que estas resoluciones dejan claro el tema de que la cosa juzgada opera con relación a estos autos del art. 988 LECr. El fundamento de esta institución, que radica en la necesidad de poner fin a los litigios para que no puedan reproducirse indefinidamente, concurre también en estas resoluciones que ponen término a estos procedimientos especiales que tienen por objeto la pretensión de limitación del cumplimiento de las penas. Así se deduce de las tres sentencias de esta sala que acabamos de citar.

  1. Es obligado añadir aquí que, como ocurre siempre en todos los casos de cosa juzgada, el que sobrevenga un hecho nuevo que, como tal, no pudo ser tenido en cuenta cuando se resolvió el primer proceso, es un límite para el mencionado efecto preclusivo propio de esta institución procesal: cabe abrir otro proceso precisamente por tal novedad.

Y esto último ocurre en estos procedimientos del art. 988 LECr cuando aparece una nueva sentencia condenatoria, contra el mismo sujeto antes varias veces penado, que pudiera influir en los cómputos antes realizados a los efectos de aplicar los límites del triple de la sanción más grave o los 20, 25, 30 ó 40 años de máximo de cumplimiento efectivo (art. 76 CP). Pero tal no es aquí aplicable, pues, como bien dice el auto ahora recurrido este segundo expediente versa sobre las mismas sentencias que fueron objeto del primero.

  1. Por todo ello, como ya hemos anticipado, ha de rechazarse este recurso. Estimamos que fue desestimada la petición de Juan José de la Mata Pina que pretendía un nuevo examen de una cuestión definitivamente resuelta en el primer expediente que terminó con el referido auto de inadmisión del recurso de casación de 7 de julio de 2005: fue bien aplicada al caso la excepción de cosa juzgada.