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La experiencia y conocimiento de la materia de nuestros Abogados delito de aborto nos coloca en vanguardia de la defensa de este tipo de delitos tan específicos.  No olvidemos la especial relación que existe entre éste y el delito de homicidio.

El artículo 145 del Código Penal, castiga “con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 6 meses a 2 años, en que dentro de los casos permitidos en la ley, practique un aborto:

a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

b) sin haber transcurrido el periodo de espera contemplado en la legislación (3 días según art 17 de la LO 2/2010).

c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos.

d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.

El Código Penal no especifica cuál es el momento en la que la destrucción del fruto de la concepción da lugar al aborto. Si lo que se protege es la vida del concebido, pero no nacido, habría que considerar aborto desde el momento de la concepción (en esta línea se pronuncia parte de la doctrina y alguna sentencia), pero esto crearía graves problemas en materia de prueba, pues lo normal es que se busque el aborto cuando se sospeche o se confirme el embarazo. No sería fácil conocer si hubo o no aborto, cuando se llevan a cabo prácticas abortivas poco después de haberse realizado el acto sexual y ante el riesgo de embarazo. A lo sumo estaríamos ante un ovulo que lleva poco tiempo fecundado y no sería posible conocer si en efecto se dio muerte al producto de la concepción, pues no se sabe si hubo fecundación.

Algunos Abogados delito aborto hablan del momento de la anidación, que tiene lugar 14 días después de la fecundación, aunque esta solución también plantea dificultades. El art. 145-bis-2 establece que “en todo caso el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación”. Está contemplado en el segundo párrafo del artículo 146 del Código Penal para el caso de profesionales que atienden a embarazadas durante el periodo de gestación o en el parto y cometen descuidos que van más allá de lo permitido. En su posición de garantes tienen el deber de velar para que el embarazo llegue a buen fin. Sólo se castiga la imprudencia grave y como la medicina es compleja, será difícil en muchos casos probar la existencia de imprudencia grave tanto durante el embarazo como en el parto.

Pena: Prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses e inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio o cargo por un periodo de 1 a 3 años. Se castiga en el art. 146 “el que por imprudencia grave cause un aborto”. Pena: Prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses.

Hay que considerar que estamos ante un supuesto de imprudencia grave cuando el sujeto no observa el deber objetivo de cuidado que le es exigible a una persona media o normal. Solo es punible la imprudencia grave, la leve tiene su solución en la vía civil. Exención de responsabilidad para la embarazada. Según el art 145-bis.3 “la embarazada no será penada a tenor de este precepto”.