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«…El delito por el que se condena al Abogado, previsto en el artículo 467.2 del Código Penal requiere como elementos objetivos del tipo:

  • a) una relación profesional del abogado con el perjudicado derivada de la encomienda de intereses, sin que sea preciso que ello ocurra en el marco de la defensa en un procedimiento judicial;
  • b) un comportamiento activo u omisivo, propio de la profesión de abogado;
  • c) un perjuicio para el cliente, que ni siquiera tiene que ser necesariamente patrimonial (entre otras pueden verse las Sentencias 89/2000 de 1 de febrero, la dictada en la causa especial no 1/1999 de 31 de mayo y la no 87/2002 de 22 de mayo) y
  • d) nexo causal entre el comportamiento y el perjuicio que ha de ser manifiesto. Al respecto debemos recordar nuestra advertencia de la Sentencia 1326/2000 de 14 de julio, en la que dijimos que eso implica que solamente serán típicas : aquellas conductas más intolerables, desde el plano del ejercicio de las profesiones jurídicas indicadas, ya que, si así no fuera, por el carácter subsidiario y de intervención mínima del Derecho penal, los comportamientos ilícitos en el desempeño de tales profesiones integrarán bien una conculcación de las normas colegiales de actuación profesional ….), bien la exigencia de responsabilidad civil por su desempeño con culpa, apreciada por la jurisdicción de dicho orden, en donde se repararán los perjuicios ocasionados, en su caso. Y en la sentencia núm. 279/2005 de 9 de marzo también recordamos que esa exigencia no puede significar otra cosa sino que el perjuicio ha de seguirse necesariamente de la conducta procesal del Abogado llegando a reclamarse que el resultado perjudicial haya sido imputable exclusivamente al Abogado, delito cometido por Abogado.

Desde el punto de vista subjetivo, se requiere que el sujeto actúe con dolo, al menos eventual, de suerte que si la conducta solo es imputable subjetivamente a título de imprudencia, el tipo penal aplicable será el del párrafo segundo del apartado 2 de dicho artículo 467 del Código Penal.

Pues bien los hechos probados adolecen de una muy relevante laguna: en ningún caso da cuenta de los términos ni entre que personas se produjo el pacto cuya resolución unilateral se erige en perjuicio para la víctima. Por ello ni siquiera podemos determinar si aquella denuncia unilateral era admisible y, en consecuencia, efecto del comportamiento del acusado.

Pero tampoco cabe afirmar que el acusado tuviera conocimiento de los requerimientos del tercero que denunció dicho pacto. Al respecto solamente consta la remisión de mensajes por fax al despacho del acusado. Pero no que éste asistiera al mismo y tomase conocimiento de aquéllos. Es más cabe dudar al respecto, ya que sí consta que para efectuar el emplazamiento, tras la apertura del juicio, fue necesario encomendar su búsqueda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mientras en la fase previa estuvo asistido de Letrado designado de oficio. La sentencia debería haber afirmado tal toma de conocimiento y justificar ese aserto. No lo hace. Presumirlo implicaría vulneración de la presunción de inocencia.

Al desconocerse las personas que intervinieron en el acuerdo que luego se denuncia, no cabe afirmar que el luego perjudicado no conociera los eventuales efectos de su retraso en satisfacer las cantidades a que resultaba obligado. Es más, bien parece que debía conocer esa obligación, ya que hizo entregas parciales a cuenta al acusado, de las que éste se apoderó. Pues bien, en tales circunstancias, no constando que el acusado le ocultase la necesidad de observar los plazos que en su caso se hubieran acordado, su comportamiento, no acudiendo, antes como hizo a la postre, al tercero que se comprometiera a vender, permite dudar de la exclusividad causal del comportamiento del acusado.

Se comprende que, por lo dicho, está lejos de ser manifiesto, en el sentido de acreditada, la causación del perjuicio, y también está lejos de ser manifiesto que el perjuicio se deba a la actitud del acusado. Ni siquiera puede decirse que ese efecto resolutorio se haya producido de manera lícitamente imponible al perjudicado.

Lo que nos lleva a estimar este motivo con las consecuencias que se dirán en la sentencia que dictaremos a continuación de ésta