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Sobra poner de manifiesto la especial relación entre el delito de falsedad documental y el delito de estafa o también entre el delito de falsedad documental y el delito de apropiación indebida pues en ocasiones el la propia falsedad es el vehículo para cometer el otro delito.

Como es de ver al examinar el desarrollo del motivo, el recurrente no cuestiona ni disiente de que en el impreso EX-01 se haya llevado a cabo una falsificación integrada en la modalidad falsaria de simulación de documento que induzca a error sobre su autenticidad. El reproche casacional se sustenta única y exclusivamente en la cualidad de dicho impreso como “documento oficial” que niega el recurrente, que lo califica como “documento privado”.

Con un alarde de doctrina jurisprudencial, el Tribunal de instancia rebate la tesis del recurrente de manera jurídicamente irreprochable, que esta Sala debe ratificar, porque, en efecto el Tribunal Supremo ya en sentencias de 22 de octubre y 13 de diciembre de 1987 definió como documentos oficiales “los que provienen de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios) para satisfacer las necesidades del servicio o función pública y de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir sus fines institucionales”, y, por otro lado, a partir de la sentencia de 11 de octubre de 1990 vino a sentar el criterio del origen, según el cual lo determinante debe ser la naturaleza del documento en el momento de soportar los actos falsarios. Sobre la base de lo anterior, en la sentencia de 20 de marzo de 1992 el alto Tribunal da por sentado que son documentos oficiales aquellos que provienen de las entidades públicas en el desempeño de sus funciones o fines, incluidos los “impresos receptores por escrito de una declaración, manifestación o contenido concreto”. Así, en sus sentencias de 31 de marzo de 1997 y 10 de junio de 2003 se refiere a “los impresos originales de carácter oficial correspondientes a los boletines de cotización a la Seguridad ocial, modelos TC 1 y TC 2”, es decir, a los ejemplares autocopiativos para satisfacer las cuotas de la Seguridad Social; en la de 3 de marzo de 2000, consideró que nos encontramos ante una falsificación de documento oficial en el caso de la falsificación de los impresos expedidos por el Servicio Andaluz de Salud para la prescripción de material ortopédico; y, en la de 4 de enero de 2002, en el caso del documento de tres cuerpos -autocopiativo- para las dispensaciones de suministros a los Servicios Autónomos de Salud. En la sentencia de 11 de mayo de 1999 se refiere a un supuesto en el que había sido condenado por falsedad un asesor fiscal que prestaba sus servicios a la titular de un negocio, encargándose dentro de esa labor de cumplimentar y presentar los correspondientes impresos, incluidos los modelos de declaración trimestral a cuenta de los impuestos correspondientes al I.R.P.F. y de retenciones que deben presentar los empresarios individuales conocidos como modelos 130, 131 y 110, así como de recoger de su principal y pagar a la Hacienda Pública las cantidades procedentes, resultando que el acusado había procedido a cumplimentar dichos modelos con datos falsos que determinaban la aparición de saldos positivos, y, sobre la base de presentárselos a su principal le pedía dichas cantidades so pretexto de proceder a su ingreso en la Hacienda Pública, pero en su lugar se las quedaba en propio beneficio. Y, en la sentencia de 3 de julio de 2003 desestima la alegación de ausencia del carácter oficial de un documento por tratarse de un simple impreso, afirmando el Tribunal Supremo la naturaleza oficial del impreso “porque estamos ante una solicitud que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a que se refiere que no es otro que la autoliquidación tributaria correspondiente a un determinado trimestre de la actividad de la Sociedad”.

La innecesariedad de que el impreso falsario se presente ante la Administración incorporándose al tráfico jurídico administrativo para ostentar la cualidad de documento oficial, ya se ha señalado en precedentes resoluciones de esta Sala, entre otras en la STS de 5 de junio de 2.000, en relación con los impresos normalizados expedidos por la Administración (en el caso, la Administración Tributaria), en la que se trataba de la manipulación falsaria de uno de esos impresos para la autoliquidación de impuestos del IRPF con lo que consiguió defraudar a su principal obteniendo de éste más cantidades de dinero supuestamente destinadas al pago del impuesto que acreditaba mendazmente el impreso falsificado. “De esta manera -señalaba la citada sentencia- se hizo ver a los perjudicados una realidad inexistente, creada de modo mendaz por la actuación falsaria del acusado al aparentar con la imitación de la certificación mecánica la intervención de la Hacienda Pública y creando una ficción del pago que no se efectuó realmente, abogados para detenido por falsedad documental. Estamos sin duda ante una falsedad en documento oficial, no sólo porque los impresos manipulados tienen en sí mismos este carácter, sino, además, porque la naturaleza del documento oficial a efectos penales viene también determinada por la finalidad perseguida con el documento en relación con la función pública u oficial que se le asigna”.

En esta misma línea, debe mencionarse la STS de 15 de junio de 2005 en la que se condenó al acusado como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por un particular al manipular los impresos del modelo 300-IVA emitidos por la Hacienda Pública para la autoliquidación del IVA, simulando en tales documentos que se habían presentado en la Administración Tributaria, cuando ello no había sucedido. Y, también, la STS de 3 de mayo de 2006 que califica de documento oficial los impresos de la declaración de la renta de las personas físicas, sancionando la conducta del acusado como autor del delito previsto en el art. 392 C.P. cuando resulte probada la falsificación del impreso presentado por el acusado al vendedor de automóviles para conseguir la financiación del vehículo.

Sobre esta misma cuestión, es importante señalar que la acción típica no requiere una determinada utilización del documento falsificado, sino que aquélla se consuma con la confección falsaria del documento, sin necesidad de que éste entre en el circuito del tráfico jurídico, sea éste administrativo, civil, mercantil o de cualquier otro carácter. A este respecto, y aunque se refieran a los delitos previstos en el art. 390 C.P., las consideraciones de las SS.T.S. de 18 de octubre de 1.994 y 25 de mayo de 2.005 son predicables también del tipo penal del art. 392 C.P. cuando ponen de relieve que “el delito de falsedad tiene la naturaleza de delito de peligro y no de lesión, y se consuma desde el momento en que se realiza la alteración o mutación de la verdad en el documento” (en el caso que examinamos, consistente en la simulación falsaria mediante la incorporación de datos inciertos a un impreso oficial en blanco), añadiendo que “en esta clase de delitos no se exige una incidencia del documento falso en el tráfico jurídico …..”, en cualquiera de sus variantes, valdría precisar».