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Partiendo del concepto general de la Estafa conforme al criterio de nuestros Abogados delito de Estafa Procesal, no en pocas ocasiones nos encontramos con fraudes cometidos dentro de un proceso judicial. En ocasiones el asunto tiene una relación directa con el delito de falsedad en documento y termina con una imputación por delito de estafa procesal y delito de denuncia falsa.

Según nuestros Abogados Especialistas en Estafas, el delito de estafa procesal consiste en lograr el error y éste debe ser consecuencia del engaño “bastante”, por lo tanto incluir la prueba manipulada en un proceso lógico de valoración de la misma. Tiene como consecuencia, según nuestros mejores Abogados Penalistas, llevar al error al Magistrado que tiene que decidir al respecto de un asunto judicial, es decir: el principio de libre apreciación de la prueba, que no es lo mismo que arbitraria apreciación, lo que llevaría a la conculcación del artículo 9.3 CE.

Modifica cualquier deducción a al que hubiera podido llegar el juez con una valoración inadecuada de aquélla. En este sentido, y de la misma forma que se reflejó en el tipo básico de estafa, la demostración de lo “bastante” del engaño no puede consistir en el mero hecho de que el juez haya incurrido en el error y como consecuencia de ello haya dictado resolución de que se trate, sino que esa suficiencia tendrá que pasar por el filtro de la racionalidad de la inferencia. Es decir, el juicio de valor tiene que coincidir con el resultado que puede extraerse de la práctica de los medios de prueba.

El delito de estafa procesal es un delito contra el patrimonio y, como tal, se limita a reprimir las conductas atentatorias a este bien jurídico, sin que su esencia varíe por el hecho que el medio elegido sea el proceso. Por consiguiente, no es posible aducir para rechazar su configuración que, en nuestro Derecho, es atípico el engaño al juez, porque con la estafa procesal no se intenta castigar el abuso de la función jurisdiccional, sino simplemente la defraudación patrimonial. El dolo procesal, categoría comprensiva de toda maquinación contraria a los fines del proceso, está en la mayoría de los casos sólo sancionado civilmente. Sin embargo, determinados supuestos de dolo procesal se han considerado de tal gravedad que el legislador los ha incluido en el repertorio de conductas prohibidas del Libro II, Título XIII, Capítulo VI del Código Penal, y a los que nosotros llamados “fraude procesal”, delito de estafa procesal.

El delito de estafa procesal, por tanto, pertenece al género dolo procesal en cuanto que unos artificios son desplegados en un proceso y que son castigados cuando el engaño al juez sea el medio elegido para conseguir el propósito defraudatorio.

En el delito de fraude procesal o también conocido como estafa procesal, el sujeto pasivo (el juez) actúa bajo una falsa presuposición, un error, en cuya virtud se produce el traspaso patrimonial (resolución judicial y su ejecución). Ese vicio del consentimiento del disponente, ese error previo a la disposición patrimonial, constituye un elemento del tipo objetivo de la estafa procesal. Lo determinante de la formación errónea de la voluntad, o lo que es lo mismo, el concepto de error a efectos del tipo de estafa procesal, al igual que en la estafa, radica en la presencia de una falsa o incierta representación de la realidad provocada por el engaño, ya sea producto esa representación discordante con la realidad de un acto positivo –error propio–, que ofrece al sujeto una versión de la realidad distinta a cómo es, ya lo sea de un acto negativo o ignorancia –error impropio–, que impide al sujeto representarse a la realidad tal como es.

La exigencia de una relación causal entre la acción del autor y el acto de disposición motivado por el estado de error, y el empleo en la definición típica de la expresión “induciéndolo a realizar un acto de disposición” permite afirmar que no produce el error típico el mero mantenimiento y aumento de ese error en la víctima, pues se requiere que cronológicamente se presente primero el engaño y, de forma derivada, el error.

Además, la conducta del delito de estafa procesal debe ser apta para engañar al juez, para llevarlo a error, teniendo en cuenta los poderes de control que el mismo posee y la fuerza del contradictorio. Ahora bien, el ordenamiento español no exige un juicio de idoneidad en abstracto, bastando simplemente que la conducta sea idónea, en el caso concreto, para producir un error que comporte una disminución patrimonial. En cualquier caso hay que distinguir entre resolución judicial errónea fruto de un engaño pese a la actuación procesal correcta del juez, y aquella otra, también errónea, producida por “negligencia del juez”. Sólo la primera puede configurar el delito de estafa procesal, pues no puede sancionarse penalmente cualquier mentira, sino sólo aquel comportamiento mendaz, suficiente desde el punto de vista objetivo, para hacer errar a un juez.