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En este Post, nuestros mejores Abogados Tráfico de Drogas van a explicar el cómo se debe aplicar la atenuante de toxicomanía en el delito de tráfico de drogas para que se produzca la reducción de la condena que se imponga al detenido. Al recurrente Juan Antonio N. no se le permitió la práctica de la prueba pericial del médico forense para la aplicación de la atenuante de drogadicción después de haber sido admitida para que tuviera lugar con carácter previo a la vista oral.

El derecho de defensa se ha resentido -en opinión del recurrente- ya que con la documentación aportada (folios 165 a 169), Tomo I del Juzgado de instrucción y los 26 documentos presentados en juicio, se dispone de datos sobrados para que un especialista lo conceptuase como afecto a la drogadicción, atenuante de drogadicción. Merecen especial relieve los documentos integrados por el “carnet” de citas y seguimiento del Centro provincial de drogodependencia de la Junta, Historia 146 del seguimiento de la trabajadora social, programa de tratamiento con metadona, guía de dispensación 11-mayo-2007 y medicación con antidepresivos. Concluye el recurrente afirmando que aun cuando no tendrá repercusión en la pena la estimación de una atenuante al haberse sido impuestas las penas mínimas legales, podría afectar a la concesión de la suspensión de pena prevista en el art. 87 del C. Penal.

Es cierto que el recurrente Juan Antonio N., en su escrito de calificación provisional (fol. 402 Vol. II del Juzgado de instrucción), interesa la práctica de la prueba pericial de médico forense antes del juicio, accediendo el tribunal a tal petición. También es cierto que comenzadas las sesiones del plenario quedó sin practicar y la interesó de nuevo (véase fol. 2 del acta del juicio), pero no es menos cierto que la imposibilidad de su práctica, como consta en acta, fue culpa exclusiva del propio recurrente, que por todos los medios fue citado de comparecencia al juzgado para que fuera examinado médicamente y no concurrió a ninguno de los llamamientos.

Al denegarse en juicio el acusado no interesó la suspensión para su práctica ni hizo la correspondiente protesta. Así pues, en vista de la situación creada, la Audiencia Provincial actuó correctamente prescindiendo de la prueba solicitada. Ello bastaría para rechazar el motivo.

No obstante, la única ventaja para el acusado en caso de apreciación de la atenuante la hace residir en la aplicación del art. 87 del C.P. en ejecución de sentencia. Sobre este particular hemos de afirmar que tal beneficio en la ejecución de la pena no se supedita a la apreciación de la atenuante de drogodependencia en la sentencia condenatoria, bastando que el hecho se hubiera cometido a causa de su dependencia a las sustancias referidas en el no 2 del art. 20 C.P., situación que deberá resolverse en el trámite de ejecución.

Sobre esta hipótesis, ya se pronunció la Fiscalía del Tribunal Supremo (Consulta 4/1999 de 17 de septiembre, seguida de otra posterior 1/2005 de 31 de marzo) criterio interpretativo corroborado por la sentencia del T. Constitucional no 222/2007 de 8 de octubre -como nos recuerda el Fiscal- y por esta Sala de casación, S.T.S. no 546/2007 de 12 de junio.

Conforme a tal doctrina se pueden producir los supuestos que el Fiscal apunta a que se recoja en la sentencia la atenuante de drogodependencia en cuyo caso habrá que partir de tal dato en ejecución sin posibilidad de ser revisado. Que después de practicada prueba sobre la atenuación se efectúen los siguientes pronunciamientos:

– la no adicción del sujeto a las sustancias del art. 20-2o.

– reconocimiento de su adicción, pero no acredita de su influencia o relación con el delito cometido.

En este caso tampoco será posible al práctica de nuevas pruebas en ejecución de sentencia y se deberá partir de esos pronunciamientos, todo ello por el respeto a la cosa juzgada material. Si finalmente en juicio no se practicó prueba alguna, ni se debatió la cuestión, ante la falta de pronunciamiento de la sentencia, no impedirá que en el trámite de “audiencia de las partes” contemplado en el art. 87 puedan éstas solicitar o aportar las pruebas necesarias para acreditar que la condición de drogadicto fue determinante para la comisión del delito, con el que se hallaba en una relación teleológica.

Dicho esto, resulta que la declaración de nulidad para la práctica de la prueba omitida, en el supuesto de que no hubieran concurrido los déficit formales expuestos en el apartado 1o de este motivo, podría ser perjudicial a los efectos de la aplicación del art. 87 C. Penal que es la única razón que impulsa al recurrente a formalizar el motivo. En cualquier caso la negligencia en que incurrió en su día, no facilitando la práctica de la prueba podría suplirla en ejecución de sentencia, con la misma posibilidad que repitiendo el juicio, aunque sólo fuera para este recurrente, y de ese modo no se resentiría el derecho a no soportar dilaciones indebidas, todo lo cual debe añadirse a la omisión de las exigencias formales impuestas por ley para la admisión del motivo».