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Entre los elementos de defensa que proponen nuestros Abogados Especialistas en la defensa de imputaciones por delito de tráfico de drogas está la aplicación de las atenuantes.  Para ello es necesario que se conozca de forma pormenorizada el expediente toda vez que la aplicación de las mismas puede reportar que el investigado, aún siendo condenado no ingrese en prisión. somos Especialistas en la defensa de este tipo de acusaciones y sabemos como defenderlos. consúltenos.

Nuestros Abogados tráfico de drogas van a estudiar a continuación una sentencia dónde se estudia la atenuante en el delito contra la salud pública en dónde se procede por orden judicial a la diligencia de entrada y registro en presencia del acusado en cuyo domicilio hallaron cuarenta y tres mil pesetas y en la mesilla de noche, sobre un cristal, siete montoncitos de una sustancia con apariencia de ser heroína, recortes de plástico de los utilizados habitualmente para preparar dosis o papelinas de heroína, una cuchilla, unas tijeras, dos cucharas, una con restos de la misma sustancia aparentemente que la dispuesta en los montoncitos y tres papelinas preparadas. Y en el cajón de la mesilla un envoltorio conteniendo sustancia de igual apariencia que la del cristal en montoncitos. Los agentes juntaron en uno solo los siete montoncitos del cristal y entregaron esta sustancia, las tres papelinas y el envoltorio hallado en el cajón de la mesilla, en la Unidad Administrativa de Cádiz, del Ministerio de Sanidad y Consumo para su pesado y análisis, formando tres unidades distintas cuyo informe expresa que dicha sustancia era heroína en todos los casos, con peso neto de 0,116 gramos las tres papelinas y pureza del 60,21%. Y las otras dos unidades con pesos netos de un gramo y 0’575 gramos y pureza del 55,01% y 49,59% respectivamente. El acusado de delito contra la salud pública es consumidor de heroína, pero no tiene dependencia grande o importante de esta droga, que le afecte profundamente a su inteligencia y voluntad, y venía dedicándose a la venta de dicho estupefaciente con cuyos ingresos costeaba su propio consumo, y tenía el propósito de destinar a la venta o donación una parte de la heroína que le fue intervenida, de cuyo ilícito tráfico provenía el dinero que se le ocupó y no consta que tenga trabajo, oficio o profesión, que le reporten ingresos ni que perciba subsidio de desempleo y otras ayudas pública so privadas, u otro modo de vivir conocido. Y ha sido condenado en múltiples ocasiones, los últimos por delitos de robo a penas de multa en sentencias declaradas firmes el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis y catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho apreciando en ambos la reincidencia.

“la venta de papelinas no se trata de un modus vivendi que conlleva un peligro real y continuado para la salud pública“; lo cual, lejos de justificar o “motivar” la aplicación de indicado precepto penal tal como el Tribunal de instancia ha llevado a cabo en la sentencia impugnada, nos llevaría, junto con la concurrencia de la circunstancia atenuante apreciada, a un resultado penal completamente opuesto al de la meritada sentencia.

Ha venido siendo doctrina jurisprudencial la de que la precisa cuantificación de la pena dentro de los límites señalados por la Ley es facultad discrecional de la Sala sentenciadora, sustraida al control casacional. No obstante algunas sentencias modernas se han mostrado sensibles al principio de culpabilidad, propendiendo hacia la fijación de una pena adecuada a la gravedad de aquélla. Y, asimismo mostrando una proclividad, al tiempo de proceder a la individualización de la pena, a la consideración del principio de proporcionalidad, traducido en la definición de una mayor pena ante una mayor gravedad del hecho. Si bien se impone la incorporación de una motivación sobre el particular, en definitiva, la explicitación de un juicio de ponderación justificativo de la decisión adoptada.

No falta en la sentencia impugnada el razonamiento motivador indicado, es más, a ello se consagra el fundamento jurídico cuarto, consignándose que en uso de las facultades conferidas por el artículo 61,7º, en relación con el número 1º, el Tribunal se inclina por “determinar la extensión de la pena en su límite superior dentro del grado mínimo, habida cuenta que la venta de papelinas no se trata de un modus vivendi que conlleva un peligro real y continuado para la salud pública“. Cual manifiesta el Ministerio Fiscal en su informe, tal vez la redacción no sea muy afortunada, pero es claro que quiere decirse que, pese a concurrir una atenuante, la pena ha de imponerse en el límite superior, pues la venta de papelinas, que no es una profesión, conlleva un claro peligro para la salud. Es lógica la deducción interpretativa expuesta. La versión ofrecida por el recurrente de que se declara en la sentencia que la venta de droga no conlleva un peligro real para la salud, sería una conclusión absurda, contradictoria con la realidad social y con el evidente propósito de justificar aquí una pena en el límite superior permitido. Atendiendo a la concurrencia de una atenuante se selecciona el grado mínimo de la pena correspondiente -dos años, cuatro meses y un día a cuatro años y dos meses de prisión menor, aparte de la multa- y en función de las razones apuntadas el Tribunal opta por recurrir al límite superior dentro de ese grado mínimo, cuatro años de prisión menor y multa de dos millones de pesetas.