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Como segundo motivo se formula infracción de ley, al amparo del art. 849.1o de la LECr., por haber existido infracción del derecho de defensa.

  1. Se considera que se ha dejado de llamar al proceso a la sociedad C. R., S.L.” cuando es parte integrante del contrato de servicio, siendo precisa su presencia cuando hay exigencia de responsabilidad penal de la empresa, habida cuenta de que el art. 31.2o CP dispone que si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, ser responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre y en cuya cuenta actúa.

La alegación nos determina a extendernos efectuando alguna reflexión, del siguiente tenor:

Dado que el ejercicio de acciones civiles se encuentra sometido al principio dispositivo o de rogación (Cfr. STS de 20-12-2005, no 1523/2005), la incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse o decidir sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que en su calidad de verdaderos “domini litis” conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos por los sujetos del mismo (partes) por lo pedido (petitum) y por los hechos o la realidad histórica que sirve como razón o causa de pedir (causa petendi) todo lo cual no comporta que el juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor literal de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo, Abogados delito penal empresa (Cfr. STS de 19-5-2005, no 646/2005).

Desde la perspectiva constitucional, Abogados delito penal empresa, hay que recordar que el TC ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiere relevancia constitucional y puede ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum) “suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes” (STC 20/82) de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de los cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieron por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales (SSTC 86/86, 29/87, 156/88, 365/93, 172/94, 91/95, 191/95 y 60/96), abogados delito societario.

Si bien es cierto que el art. 31.2 CP, según nuestros Abogados delito penal empresa, establece una “responsabilidad solidaria” de la persona jurídica para el pago de la multa, este texto -que fue incorporado al CP por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, lo que plantearía el problema de su aplicabilidad a hechos sucedidos en 1998 y 1999-, conforme señala la Circular 2/2004, de 22 de diciembre, especial relación con el delito de falsedad contable y con el delito de estafa según e criterio de la Fiscalía General del Estado, “en tanto el art. 31 solo juega para los delitos especiales propios, esta extensión de la responsabilidad pecuniaria no será aplicable a todos los delitos cometidos a través de personas jurídicas, sino sólo cuando haya sido necesario aplicar la cláusula del apartado primero para resolver los problemas de tipicidad derivados de este tipo de delitos fiscales o delito de blanqueo de capitales. Por tanto solo operará en relación con los delitos especiales”.

Lo que no es óbice Abogados delito penal empresa cuando, efectivamente, sea procedente la aplicación de tal previsión -como recuerda la mentada Circular de la FGE-, para que, desde el punto de vista procesal, la asimilación de la persona jurídica responsable ex art. 31.2 CP al imputado, implique la necesidad de reconocerle el derecho a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a no sufrir indefensión; deba de reconocérsele el derecho al proceso debido; deba garantizarse la participación de la persona jurídica en el proceso; haya de incluirse a la misma en el acta de acusación del Fiscal y en el auto de apertura de juicio oral; y haya de admitirse su personación por medio de abogado y procurador ya en la fase de instrucción, reconociéndole igualmente la posibilidad de recurrir la sentencia en cuanto a las responsabilidades que en la misma se le atribuyan. Y quepa, igualmente, exigirle a la persona jurídica fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele en sentencia.

Ello no obstante, en un caso como el de autos en el que no nos encontramos ante ningún delito especial propio, que hubiere hecho necesaria la aplicación del art. 31.1 CP, tampoco serán aplicables las previsiones el art. 31.2 CP, decayendo toda la argumentación del recurrente.

El Tribunal de instancia no ha efectuado ningún pronunciamiento ni de contenido penal ni de responsabilidad civil, directa ni subsidiaria, contra la entidad Costapartament de modo coherente a la falta de ejercicio contra ella de las correspondientes acciones por las partes acusadoras pública y particulares».